Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fueron trasladados a la cárcel La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre de 2026, por orden del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La medida se ejecutó bajo estrictas condiciones de seguridad y tuvo como propósito reubicar a los dos internos en un establecimiento con mayores controles penitenciarios, aunque la defensa de Pinilla sostiene que existe una decisión judicial que ordena su permanencia en un centro de reclusión militar.
Inpec ordenó el traslado a La Picota
La decisión quedó consignada en la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. El documento dispuso el traslado inmediato de cuatro internos a distintos establecimientos penitenciarios, luego de una solicitud presentada por la Dirección de Custodia y Vigilancia.
Antes del operativo, López permanecía en el Cantón Caldas y Pinilla estaba recluido en la Escuela de Artillería, ambos lugares destinados a miembros de la Fuerza Pública en Bogotá. Las imágenes difundidas del procedimiento muestran a los dos hombres esposados de pies y manos mientras eran movilizados hacia el centro penitenciario.
La resolución indicó que los movimientos debían ejecutarse bajo “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo logístico e intervención de la Fuerza Pública. Según el Inpec, el objetivo era proteger la vida y la integridad de los trasladados, así como prevenir posibles fugas, rescates, atentados u otras alteraciones del orden penitenciario.
Declaración del presidente y posición oficial
El presidente Abelardo De la Espriella publicó las imágenes del operativo en sus redes sociales y afirmó que él impartió la orden. “Di la orden y hoy se cumplió”, escribió el mandatario, al referirse al traslado de los exfuncionarios vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD.
De la Espriella aseguró que en su Gobierno no existen “cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios” y sostuvo que las personas involucradas deben responder ante la justicia. También afirmó que los recursos públicos destinados a atender emergencias, entregar agua y ayudar a familias afectadas no pueden ser objeto de apropiación indebida.
Sin embargo, la documentación reseñada identifica como acto administrativo formal la resolución expedida por el Inpec. Por esa razón, la afirmación presidencial sobre la orden debe entenderse como una declaración del jefe de Estado, mientras que la decisión oficial de traslado quedó materializada en el documento firmado por la dirección del instituto.
La resolución también ordenó el traslado de Jorge Armando Torres Reyes, procesado por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego, desde un centro para miembros de la Fuerza Pública hacia La Picota. Además, dispuso la reubicación de Jairo Rueda García, condenado a 13 años de prisión por actos sexuales con menor de 14 años, al establecimiento penitenciario La Paz, en Itagüí.
Defensa de Sneyder Pinilla cuestionó la medida
Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, pidió al Inpec dejar sin efectos la orden de traslado. El defensor sostuvo que existe una decisión judicial vigente según la cual su representado debe permanecer en un centro de reclusión militar, por lo que advirtió una posible contradicción entre la determinación administrativa y lo dispuesto previamente por un juez.
Moreno también señaló que las decisiones de los jueces deben cumplirse y que Pinilla, por su condición de testigo colaborador, requiere garantías especiales de seguridad. De acuerdo con la defensa, esas garantías hacen parte del proceso de cooperación que el exsubdirector mantiene con la Fiscalía y deben protegerse para salvaguardar su vida e integridad.
La controversia deberá definirse a partir del alcance de la decisión judicial invocada por la defensa y de las facultades del Inpec para determinar los lugares de reclusión. Hasta el momento, la información disponible confirma que el traslado fue ordenado y ejecutado, pero no establece que la medida haya modificado la situación jurídica de los dos exfuncionarios ni que implique una responsabilidad penal adicional.
Situación judicial en el caso UNGRD
Pinilla cumple una condena de cinco años y ocho meses de prisión, impuesta tras un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Según el ente acusador, el exfuncionario reintegró 618 millones de pesos correspondientes a dineros recibidos como dádivas y mantiene un principio de oportunidad para colaborar como testigo en procesos contra otros investigados.
La Fiscalía ha señalado que Pinilla continúa compareciendo como testigo de cargo en 18 procesos penales contra 23 personas vinculadas con las investigaciones por el entramado de corrupción en la UNGRD. Sus declaraciones se relacionan, entre otros asuntos, con la contratación de carrotanques para La Guajira y con la presunta entrega de recursos a funcionarios y congresistas.
López, por su parte, continúa vinculado a las investigaciones por contratación irregular y manejo de recursos de la entidad. También mantiene su colaboración con la Fiscalía dentro de los acuerdos judiciales relacionados con el caso y, en junio, aceptó nuevamente cargos por peculado por apropiación y concierto para delinquir, después de que acuerdos anteriores fueran rechazados por jueces.
El traslado ocurrió pocos días después de nuevas publicaciones periodísticas sobre una presunta ruta de recursos vinculada al escándalo de los carrotanques y sobre posibles inconsistencias en algunas versiones entregadas a la justicia. Esas revelaciones hacen parte del contexto de las investigaciones, pero no constituyen por sí mismas conclusiones judiciales. La situación de López y Pinilla seguirá dependiendo de las decisiones de los jueces y de los avances de la Fiscalía.
Preguntas frecuentes
¿Por qué Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota?
El Inpec ordenó su traslado para reubicarlos en un establecimiento con mayores controles penitenciarios. La medida buscaba proteger su vida e integridad y prevenir fugas, rescates, atentados u otras alteraciones del orden penitenciario.
¿Quién ordenó el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla?
El traslado quedó formalizado en la Resolución 008041 del 6 de octubre de 2026, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. El presidente Abelardo De la Espriella también afirmó públicamente que él impartió la orden.
¿Qué cuestionó la defensa de Sneyder Pinilla sobre su traslado?
Su abogado, Gustavo Moreno, pidió al Inpec dejar sin efectos la medida porque, según afirmó, existe una decisión judicial que ordena que Pinilla permanezca en un centro de reclusión militar. También sostuvo que el exfuncionario necesita garantías especiales de seguridad por su colaboración como testigo con la Fiscalía.
