La Contraloría General de la República pidió explicaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por un sistema automatizado de identificación biométrica contratado en 2022, en el marco de una revisión prioritaria a cinco negocios de la entidad. El sistema, adquirido mediante el Contrato 053 de 2022 por $580 millones, fue certificado como recibido a satisfacción y con un cumplimiento físico y financiero del 100 %, pero, según la información examinada por el organismo de control, no habría entrado en funcionamiento.

El contrato del sistema biométrico

El negocio fue suscrito entre la DNI y la empresa Protactis S. A. S. El alcance incluía la adquisición e implementación de un sistema automatizado de identificación biométrica, conocido como ABIS, además del licenciamiento de la plataforma y de dispositivos iOS, la integración e instalación de la solución y actividades de entrenamiento para su uso.

El contrato tenía inicialmente como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, mediante un modificatorio, el plazo fue extendido hasta el 20 de diciembre del mismo año, sin que se aumentara el valor pactado, que ascendía a $580 millones, incluido el impuesto sobre las ventas.

De acuerdo con la documentación revisada, la cláusula de pago exigía que la solución fuera adquirida y puesta en funcionamiento, además de contar con el recibo y la certificación a satisfacción del supervisor contractual. No obstante, el 28 de diciembre de 2022 fueron elaborados el informe de supervisión y el acta de recibo a satisfacción.

Esos documentos certificaron un cumplimiento físico y financiero del 100 % y sirvieron como soporte para tramitar el desembolso. La diferencia entre lo certificado formalmente y el funcionamiento real del sistema es el principal aspecto que la Contraloría busca esclarecer.

Las preguntas de la Contraloría

El organismo de control solicitó establecer por qué el ABIS no habría entrado en operación, si la herramienta era compatible con la infraestructura tecnológica de la DNI y si las condiciones de planeación y ejecución contractual permitieron cumplir el propósito de la inversión.

La revisión también contempla observaciones relacionadas con diseños de infraestructura y una plataforma de contrainteligencia. La entidad habría recibido un plazo de cuatro días hábiles, contados desde la recepción del documento, para presentar explicaciones, argumentos y soportes frente a los cuestionamientos.

Entre los documentos solicitados por la Contraloría están los estudios previos, los informes de supervisión e interventoría, las actas de recibo, los soportes de pago y las garantías asociadas a los contratos. Con esa información, el organismo pretende determinar si existieron fallas de planeación, incumplimientos contractuales, deficiencias técnicas, sobrecostos o una eventual afectación de recursos públicos.

Revisión a cinco contratos de la DNI

El caso del sistema biométrico hace parte de una actuación de vigilancia y control fiscal sobre cinco contrataciones de la DNI, cuyo valor conjunto supera los $20.783 millones. La cifra corresponde al valor de los negocios examinados y no representa, por sí misma, un detrimento patrimonial demostrado.

Además del Contrato 053 de 2022, la revisión incluye la adquisición de un helicóptero no tripulado, la compra de sistemas antidrones y la adquisición de computadores cuya calidad y funcionamiento fueron cuestionados. También se examinan contratos relacionados con mobiliario y dotación para instalaciones de la DNI en Funza.

El organismo de control verificará igualmente el estado de ejecución, entrega y destinación de los recursos vinculados al Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia. La revisión busca establecer si los bienes y servicios contratados fueron entregados, si cumplieron las condiciones pactadas y si fueron destinados al propósito previsto.

La actuación aún está en etapa de verificación

Hasta el momento, las fuentes consultadas no incluyen una respuesta detallada de la DNI frente a las observaciones formuladas ni una decisión definitiva sobre una eventual responsabilidad fiscal. La entidad, el supervisor contractual y el contratista tienen la posibilidad de presentar explicaciones y documentos dentro del trámite correspondiente.

Por esa razón, el hecho de que el sistema ABIS haya sido certificado como recibido a satisfacción no permite concluir, por sí solo, que existió un daño al patrimonio público. Lo que está bajo examen es si la herramienta realmente fue puesta en funcionamiento y si la ejecución del contrato cumplió con las condiciones técnicas, operativas y financieras previstas.

La revisión de la Contraloría tampoco equivale a una condena contra funcionarios o contratistas. Sus resultados dependerán del análisis de los documentos, de las respuestas entregadas por la DNI y de las verificaciones que adelante el organismo de control sobre el contrato de $580 millones y los demás negocios incluidos en la actuación.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurrió con el sistema biométrico contratado por la DNI?

La DNI contrató en 2022 un sistema automatizado de identificación biométrica ABIS por $580 millones. Aunque fue certificado con un cumplimiento físico y financiero del 100 %, la Contraloría busca establecer por qué aparentemente no entró en funcionamiento.

¿Qué está investigando la Contraloría sobre el contrato del sistema ABIS?

La Contraloría verifica si el sistema era compatible con la infraestructura tecnológica de la DNI y si fue puesto en funcionamiento conforme a lo pactado. También analiza posibles fallas de planeación, incumplimientos contractuales, deficiencias técnicas, sobrecostos o afectaciones a recursos públicos.

¿Ya existe una decisión definitiva sobre una posible responsabilidad fiscal?

No. La actuación todavía está en etapa de verificación y la DNI, el supervisor contractual y el contratista pueden presentar explicaciones y documentos antes de que se determine si existió alguna responsabilidad fiscal.