La DNI pidió a la Registraduría Nacional una copia individualizada del censo electoral colombiano mediante una carta fechada el 9 de abril de 2026, cuando René Guarín era su director encargado, con el argumento de realizar labores de contrainteligencia y seguridad nacional. El requerimiento incluía números de cédula, edad, género, pertenencia a grupos poblacionales, puesto de votación y estado de habilitación de los ciudadanos. La Registraduría rechazó la solicitud tras evaluar sus fundamentos legales y, según la información disponible, no hay evidencia pública de que la entidad de inteligencia haya recibido la base de datos o de que los resultados electorales hayan sido alterados.

Qué información solicitó la DNI

La existencia de la petición fue revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y coincidió con reportes de otros medios nacionales. El oficio tenía como asunto Envío de información de contrainteligencia y pedía que el censo electoral nacional vigente fuera remitido en un formato que pudiera ser procesado por los sistemas de análisis de la DNI.

El alcance del requerimiento iba más allá de una solicitud de datos estadísticos o agregados. La información debía estar asociada individualmente con los votantes e incluir su número de identificación, edad, género, pertenencia a determinados grupos poblacionales, puesto de votación y confirmación de que cada persona estuviera habilitada para sufragar.

La entidad justificó el pedido en labores de contrainteligencia, interoperabilidad y protección de la seguridad nacional. Sin embargo, las fuentes consultadas no registran una explicación pública posterior de Guarín que detalle cuál era la finalidad operativa concreta de reunir esa información individualizada.

La respuesta de la Registraduría

La Registraduría analizó la solicitud y negó la entrega de la base de datos con argumentos legales. De acuerdo con los reportes conocidos, la autoridad electoral no habría suministrado el censo solicitado a la DNI.

Este punto es central para entender el alcance de la controversia. La carta demuestra que existió un requerimiento formal y que la información pedida incluía datos personales vinculados con la ubicación electoral de los ciudadanos, pero no prueba que la Dirección Nacional de Inteligencia haya tenido acceso a la base.

Lo que todavía no está claro

La principal pregunta sin respuesta pública es para qué quería la DNI una base con ese nivel de detalle. El oficio invocó labores de contrainteligencia, interoperabilidad y seguridad nacional, pero las fuentes consultadas no presentan una explicación específica de Guarín sobre el objetivo concreto del pedido ni sobre el uso que se habría dado a la información, en caso de haber sido obtenida.

La cobertura periodística también plantea dudas sobre si la solicitud podía exceder las funciones legales de la DNI. No obstante, determinar si hubo una extralimitación corresponde a una evaluación formal de las autoridades competentes y no puede presentarse como un hecho probado.

Algunas publicaciones posteriores mencionan un supuesto plan alternativo relacionado con sistemas electorales después de la negativa de la Registraduría. Ese extremo debe tratarse como una hipótesis o una línea de investigación, no como un hecho judicialmente establecido.

Por ahora, el hecho documentado es que la DNI solicitó información individualizada de los votantes y que la Registraduría rechazó el requerimiento.

Preguntas frecuentes

¿Qué datos pidió la DNI a la Registraduría?

La DNI solicitó una copia individualizada del censo electoral colombiano. El requerimiento incluía números de cédula, edad, género, pertenencia a grupos poblacionales, puesto de votación y estado de habilitación para votar.

¿La Registraduría entregó el censo electoral a la DNI?

No. La Registraduría rechazó la solicitud después de evaluar sus fundamentos legales, y no hay evidencia pública de que la DNI haya recibido la base de datos.

¿Para qué quería la DNI la información de los votantes?

La DNI justificó la solicitud en labores de contrainteligencia, interoperabilidad y seguridad nacional. Sin embargo, no existe una explicación pública sobre la finalidad operativa concreta de reunir esos datos individualizados.