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Un nuevo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X abrió un debate sobre los límites de la participación política desde la Casa de Nariño, luego de que el mandatario realizara señalamientos directos contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y contra la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
En su publicación, Petro aseguró que existe una supuesta campaña de propaganda «mentirosa y delictiva» contra el senador y ahora candidato presidencial Iván Cepeda y afirmó que esta estaría siendo financiada desde un fondo constituido en Miami.
Sin embargo, una de las afirmaciones que más controversia ha generado es la que involucra directamente al alcalde de Medellín. «Se financia con un fondo donde el alcalde de Medellín es socio», escribió el presidente de la República, agregando además que dicho fondo recibiría presuntamente aportes de empresarios colombianos y extranjeros.
La declaración plantea varios interrogantes. Aunque Petro aseguró que conoce el nombre del fondo, los socios y las transacciones realizadas, en su mensaje no presentó pruebas, documentos o evidencias que respalden la acusación contra Federico Gutiérrez.
El presidente también fue más allá al afirmar que los costos de esta supuesta estrategia de propaganda no estarían siendo reportados a las cuentas de «la otra campaña», una referencia que hace un señalamiento político contra la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, uno de los principales críticos del Gobierno Nacional y quien está en segunda vuelta presidencial precisamente con Iván Cepeda, el candidato del continuismo.
Las afirmaciones llaman la atención porque provienen directamente del jefe de Estado y se producen en medio del ambiente preelectoral que atraviesa el país. Para algunos, el mensaje podría interpretarse como una intervención en la disputa política al vincular públicamente a dirigentes y campañas de oposición con presuntas irregularidades que aún no han sido demostradas ante la opinión pública.
Otro de los aspectos que genera debate es que Petro anunció que ordenó presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, si las evidencias ya estarían en poder del Gobierno, surge la pregunta sobre por qué los señalamientos fueron realizados primero a través de redes sociales y no mediante una actuación judicial que permitiera conocer los elementos probatorios que sustentan las acusaciones hechas en su red social X.
El mandatario incluso comparó la supuesta estrategia con los métodos de propaganda atribuidos a Joseph Goebbels durante el régimen de Adolf Hitler, elevando aún más el tono de una discusión que ya se encuentra en el centro del debate político nacional.
Por ahora, la controversia no gira únicamente alrededor de la publicación hecha por Petro en su cuenta de X, sino también sobre el alcance de sus declaraciones y la presunta participación en política del mandatario.
Otro golpe a Petro con su X
En una decisión que podría tener repercusiones en el debate político de las elecciones presidenciales, el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín decretó una medida provisional contra el presidente Gustavo Petro y le ordenó abstenerse de utilizar recursos, canales y plataformas asociadas a su cargo para difundir mensajes que puedan favorecer o perjudicar a candidatos presidenciales, en especial su cuenta de X, red social donde comunmente suele expresarse el presidente.
La determinación fue adoptada dentro de una acción de tutela presentada por un ciudadano y estará vigente mientras el despacho resuelve de fondo el caso. Entre las restricciones impuestas, el juez ordenó al mandatario no utilizar alocuciones oficiales, eventos públicos, escenarios nacionales e internacionales ni su cuenta de X, @petrogustavo, cuando esta sea empleada en ejercicio de sus funciones, para emitir mensajes de carácter electoral o que puedan influir en la contienda presidencial.
La decisión cobra especial relevancia porque se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y porque coincide con recientes pronunciamientos del jefe de Estado sobre la campaña electoral, algunos de ellos dirigidos contra sectores de oposición y candidatos presidenciales.
Además, el despacho judicial le ordenó abstenerse de difundir afirmaciones relacionadas con un eventual fraude electoral sin contar con evidencia sólida y verificable que respalde dichas denuncias.
