Procuraduría inició investigación por crisis alimentaria en cárcel de Cómbita

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa con el propósito de determinar posibles responsabilidades de los funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en relación con las irregularidades que se han presentado en la ejecución del contrato para el suministro de alimentos a las aproximadamente 4.000 personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá.

En el transcurso de las últimas dos semanas, el Ministerio Público llevó a cabo cuatro visitas especiales al penal, durante las cuales se pudo constatar un incumplimiento total en el horario de suministro de la alimentación, escasez de materia prima para su preparación, descomposición de insumos alimenticios como queso, tubérculos, frutas y verduras, así como de proteínas como la carne de hamburguesa.

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Adicionalmente, se ha observado que el nuevo operador, U.T Andino Colombiano, no ha proporcionado los equipos y utensilios necesarios para la prestación del servicio, tales como refrigeradores, estufas, hornos, picadoras, licuadoras, congeladores y planchas. Estas circunstancias constituyen un incumplimiento flagrante y sistemático del acuerdo contractual.

Ante estos incumplimientos, se ha iniciado una indagación previa con el objetivo de revisar el proceso llevado a cabo en las fases precontractual y contractual que resultaron en la adjudicación de este contrato. Se prestará especial atención a la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes, como la capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización.


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La Procuraduría ha solicitado diversas pruebas, incluyendo copias de los estudios previos, actos administrativos, decisiones de fondo, calificación de oferentes, respuestas a las observaciones presentadas, acto de adjudicación y contrato del operador para el suministro de alimentación. Asimismo, se requiere el acta de inicio, identificando plenamente a cada uno de los funcionarios responsables en cada etapa y acto administrativo proferido en el proceso de selección y contratación.

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