La Policía y la Fiscalía desarticularon durante noviembre de 2026 varias estructuras criminales que utilizaban negocios y actividades cotidianas en Bogotá para ocultar redes de microtráfico, extorsión, sicariato y control territorial. Los operativos dejaron, entre otros resultados, la captura de diez presuntos integrantes de la organización V-For, también conocida en algunos informes como Los Boyacos.

La acción principal se desarrolló mediante la operación Kratos, adelantada en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Según las autoridades, la estructura tenía presencia entre las calles 19 y 24, desde la avenida Caracas hasta la carrera 17, y empleaba chazas de venta de tintos, vendedores ambulantes y bares para almacenar, dosificar y distribuir marihuana, cocaína, tusi y bazuco.

La comercialización se realizaba bajo la modalidad de “pasamanos”, una práctica en la que las sustancias son entregadas rápidamente para dificultar la detección por parte de las autoridades. La investigación fue desarrollada durante nueve meses por unidades de la Sijín, la Sipol y la Fiscalía.

De acuerdo con los expedientes, la organización estaría relacionada con al menos seis homicidios derivados de disputas territoriales y ajustes de cuentas. Sus rentas ilegales fueron calculadas por las autoridades en más de 250 millones de pesos mensuales. También se investiga el presunto uso de menores de edad para ocultar sustancias y evadir los controles policiales.

En el sur de Bogotá, otra estructura habría utilizado comercios, talleres de confección y servicios aparentemente legales para extorsionar a comerciantes y conductores de bicitaxi. Según reportes divulgados por medios nacionales, las víctimas debían pagar entre 200.000 y 400.000 pesos mensuales bajo amenazas contra ellas o sus familias.

Los resultados hacen parte de una ofensiva contra organizaciones que buscan mezclarse con la actividad económica y social de los barrios para controlar espacios públicos, reducir las sospechas y sostener sus redes de distribución. No obstante, las personas capturadas son consideradas presuntas responsables y su situación jurídica deberá ser definida por la justicia colombiana, con respeto por el debido proceso.