El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, pidió al presidente Abelardo de la Espriella mantener una relación institucional basada en el respeto a la independencia judicial y evaluar el impacto que las decisiones del Gobierno y el Congreso puedan tener sobre las víctimas del conflicto armado.

La declaración fue formulada en una entrevista publicada el 27 de septiembre de 2026, hora colombiana, en medio de los cuestionamientos contra el tribunal y del debate sobre su presupuesto para el próximo año. Ramelli advirtió que la discusión no debe convertirse en una confrontación política entre el Ejecutivo y la JEP.

“Mi invitación al presidente es que piense en las víctimas”, afirmó el magistrado, quien señaló que una estrategia que comprometa el funcionamiento de la jurisdicción podría afectar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

El pronunciamiento se produjo después de que la JEP enviara, el 16 de julio, una invitación formal a De la Espriella y al entonces vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para revisar los avances, retos y necesidades del tribunal. La propuesta incluía un diálogo sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la atención a las víctimas y la financiación de las sanciones restaurativas.

Entre los procesos mencionados por la jurisdicción están las sentencias relacionadas con más de 21.000 secuestros atribuidos al antiguo Secretariado de las Farc y con 135 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Cesar, por las que fueron llamados a responder 12 exintegrantes de la fuerza pública.

La tensión aumentó el 23 de septiembre, cuando las comisiones económicas del Congreso aprobaron una reducción de 170.000 millones de pesos en el presupuesto de la JEP para 2027. Un día después, durante una declaración en Pitalito, Huila, Ramelli afirmó que el recorte podría dejar a la jurisdicción “inoperante” y pidió al Gobierno y al Congreso evaluar sus consecuencias para las víctimas y los comparecientes.

De la Espriella había respondido el 20 de septiembre que respeta la independencia judicial y que su prioridad será fortalecer una justicia capaz de combatir la impunidad y proteger a las víctimas.