El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio por terminados los diálogos con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, así como con el frente Comuneros del Sur, mediante las resoluciones ejecutivas 365 y 369 de 2026. Estas decisiones representan un nuevo paso en el desmontaje de la política de ‘paz total’ heredada del gobierno anterior, y marcan un giro hacia una estrategia de seguridad centrada en el sometimiento a la justicia y en operaciones militares.

Fin a los diálogos con estructuras criminales urbanas

La Resolución Ejecutiva 369 de 2026 ordena el cierre del llamado Espacio de Conversación Sociojurídico con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Este mecanismo, instalado a mediados de 2023, involucró a cabecillas de bandas como La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly, y Los Triana, entre otros combos locales. Desde su inicio, el proceso fue polémico, especialmente tras el episodio conocido como el “tarimazo”, cuando jefes de bandas salieron de prisión para aparecer en una tarima junto al entonces presidente Gustavo Petro en La Alpujarra, Medellín.

Además, la crisis se profundizó luego de que se difundieran imágenes de una fiesta con música en vivo, licor y banquetes en la cárcel de Itagüí, donde estaban recluidos cabecillas vinculados al proceso. Tras esto, el presidente De la Espriella ordenó el traslado masivo de reclusos de alto perfil a prisiones de mayor seguridad, incluyendo a los integrantes de la mesa urbana. Este traslado fue interpretado como un primer golpe contra el esquema de negociación, que ahora se formaliza con el cierre del espacio sociojurídico.

Organizaciones sociales han expresado preocupación por un posible aumento en homicidios, retaliaciones y ajustes de cuentas entre las estructuras que antes estaban cobijadas por esta mesa.

Cierre del diálogo con la disidencia Comuneros del Sur

La Resolución Ejecutiva 365 de 2026 da por terminada la Mesa de Diálogos de Paz con el frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que se separó formalmente en 2024 buscando avanzar en un proceso de paz. Durante el gobierno anterior, este grupo alcanzó algunos avances importantes como la entrega y destrucción de material bélico, esfuerzos en desminado humanitario y colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, había solicitado al Gobierno nacional abrir una discusión sobre el cierre de estos diálogos y el futuro de la política de seguridad en la región, advirtiendo que no se puede pasar “de paz total a guerra total” sin evaluar rigurosamente los resultados en reducción de violencia. Sin embargo, no se conoció un espacio formal de concertación antes del cierre.

El líder central del grupo es Gabriel Yepes, alias “HH”, sobre quien el presidente De la Espriella autorizó su extradición a Estados Unidos condicionada a su captura, integrando esta medida en un paquete más amplio que busca fortalecer la seguridad y autoridad estatal.

Contexto y repercusiones en la política de seguridad nacional

Estas resoluciones se sustentan en las facultades otorgadas por la Ley 418 de 1997, que permite al Ejecutivo iniciar y terminar diálogos con grupos armados cuando se considera agotado su ciclo o incumplidas sus expectativas. Con estas medidas, se retiran los comisionados del Gobierno que actuaban como negociadores y se despoja a los representantes armados del rol formal como voceros.

Las decisiones se suman a las adoptadas a finales de agosto cuando se pusieron fin a los diálogos con las disidencias de las FARC bajo alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). En este último grupo, uno de sus cabecillas, alias ‘Bendito Menor’, fue abatido recientemente, hecho que el presidente ha presentado como muestra de su mano dura contra las estructuras armadas.

No obstante, todavía no se ha expedido una resolución que defina el futuro del proceso con el Clan del Golfo, uno de los procesos más sensibles heredados del gobierno anterior.

En medio del desmonte acelerado del modelo de ‘paz total’, el Gobierno apuesta por una política basada en seguridad, Estado de derecho y autoridad estatal. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre el impacto que estas decisiones tendrán en las regiones afectadas por la violencia armada y en los procesos territoriales que buscaban reducir el conflicto mediante negociaciones.