📸 Cortesía: Colprensa – Luis Jaime Acosta
JEP enfrenta riesgo de parálisis por falta de financiamiento del Gobierno colombiano
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en riesgo de detener la implementación de sus decisiones debido a la escasez de recursos financieros enviados por el Gobierno, según informó la Contraloría General de la República el 28 de agosto de 2025.
De los $500.000 millones de pesos requeridos para cubrir sanciones, sentencias y reparaciones ordenadas por la JEP, el Ministerio de Hacienda ha girado solo $20.000 millones, apenas el 4 % del total solicitado. Esta situación afecta a más de 9.200 víctimas individuales y cerca de 340.000 personas reconocidas como sujetos colectivos, dejando en incertidumbre el cumplimiento de medidas clave para la reparación del conflicto armado.
“El Estado debe garantizar no solo el funcionamiento administrativo de la JEP, sino también la financiación efectiva de sus decisiones, que son órdenes de cumplimiento obligatorio”, destacó Carlos Hernán Rodríguez, contralor general. Además, advirtió que “no se vislumbra la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las sanciones propias ni de los proyectos asociados a la reparación y la justicia transicional”.
Esta crisis financiera se agrava por problemas de coordinación entre las entidades encargadas de ejecutar las sanciones y por la baja monetización de los bienes de las extintas FARC, destinados a la reparación. Auditorías recientes confirman las dificultades para convertir esos activos en efectivo disponible para cumplir con los fallos de la JEP.
Ante esta emergencia, la Contraloría recomienda que el Gobierno reactive el flujo de recursos y fortalezca la gestión interinstitucional para garantizar la continuidad de la justicia transicional y la atención integral a las víctimas.
