La Fiscalía General de la Nación judicializó el 1 de octubre de 2026 al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60, en la capital del Tolima. Según la información suministrada, el consorcio interventor habría recibido más de 1.000 millones de pesos cuando la construcción registraba un avance inferior al 6 %, pese a que los pagos debían estar relacionados con la ejecución de la obra.

Contrato de interventoría superó los $2.997 millones

El contrato investigado superó los 2.997 millones de pesos y tenía un plazo de ocho meses. Su objeto era realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción de un puente elevado y sus interconexiones en Ibagué.

De acuerdo con la imputación, los pagos al consorcio interventor debían efectuarse de manera proporcional al porcentaje de ejecución del contrato de obra. Sin embargo, las labores de policía judicial habrían establecido que se autorizaron desembolsos superiores a 1.000 millones de pesos cuando la construcción no alcanzaba el 6 % de avance.

La Fiscalía atribuye las presuntas irregularidades a decisiones adoptadas durante el proceso de selección y a la posterior supervisión del contrato. La información conocida no precisa el monto exacto de cada desembolso ni las fechas específicas en las que se habrían autorizado los pagos.

Los ocho procesados y las conductas investigadas

Además de Hurtado Barrera, fueron procesados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello, representante legal del consorcio interventor.

Según la Fiscalía, el comité evaluador jurídico, del que hacían parte Rojas Millán y Arenas Plata, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por Restrepo Albarello pese a que presuntamente estaba inhabilitado para contratar con el Estado. La entidad deberá demostrar en las siguientes etapas del proceso las circunstancias concretas de esa supuesta inhabilidad y su incidencia en la contratación.

Al exalcalde se le señala de haber omitido los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. A Guzmán González se le atribuye una posible participación en la adjudicación y en actuaciones que habrían permitido efectuar pagos contrarios a lo pactado.

En el caso de Restrepo Albarello, la Fiscalía sostiene que, como representante del consorcio, habría promovido cobros que no correspondían a las condiciones contractuales ni al avance de la obra. A Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez se les señala de haber supervisado, tramitado o avalado los desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedirlos.

Delitos imputados y estado del proceso

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.

Ninguno de los ocho procesados aceptó los cargos. Esto significa que el caso continuará en las etapas previstas por el sistema penal y que la Fiscalía tendrá que sustentar sus afirmaciones ante la autoridad judicial competente. La imputación de cargos y la judicialización no equivalen a una condena: la responsabilidad penal individual solo podrá definirse mediante una sentencia.

La información disponible sobre este caso se basa en el contexto suministrado y, al momento de la consulta, no se localizó un comunicado verificable de la Fiscalía ni una publicación coincidente de un medio nacional reconocido. Por esta razón, los detalles deben ser confirmados directamente en el comunicado oficial de la entidad, el expediente judicial o fuentes periodísticas locales y nacionales confiables.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes fueron judicializados por las presuntas irregularidades en el contrato del puente de la calle 60 de Ibagué?

La Fiscalía judicializó al exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas. Entre ellas están la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González, exsupervisores, exasesoras de la Alcaldía y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.

¿Cuál es la presunta irregularidad en el contrato de interventoría del puente de la calle 60?

El contrato superó los 2.997 millones de pesos y los pagos debían hacerse de forma proporcional al avance de la obra. Según la imputación, se autorizaron desembolsos superiores a 1.000 millones de pesos cuando la construcción registraba menos del 6 % de ejecución.

¿Los ocho procesados fueron condenados por estos hechos?

No. Ninguno de los ocho procesados aceptó los cargos y la imputación no equivale a una condena. La responsabilidad penal individual deberá definirse en las siguientes etapas del proceso y mediante una sentencia.