El caso del predio Aguas Vivas volvió a generar un cruce político en redes sociales. Esta vez, la discusión enfrentó a la senadora Paloma Valencia y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que se conociera un informe de la Contraloría Distrital que calcula en $10.944 millones un presunto daño patrimonial relacionado con el inmueble.

Valencia fue una de las primeras en reaccionar al nuevo capítulo del caso. A través de X, cuestionó el manejo que tuvo el predio durante la administración de Quintero y señaló que, según lo establecido por el organismo de control, habría existido una afectación al patrimonio público.

“Cada vez que escarban en la administración de Daniel Quintero aparece lo mismo: presuntas irregularidades y más irregularidades”, escribió la senadora.

Valencia agregó que, de acuerdo con su interpretación del caso, se habría eliminado una restricción que incidía sobre la valorización del terreno antes de devolverlo a particulares.

También puso el foco en la cifra calculada por la Contraloría y preguntó cuántos casos más tendrían que conocerse para que hubiera resultados de la justicia.

La respuesta de Quintero llegó directamente en la misma red social.

“No señora. Las cosas son o no son: no ‘lo que parece’”, escribió el exalcalde, quien cuestionó la interpretación de Valencia y expuso su propia versión sobre lo ocurrido con el inmueble.

Quintero aseguró que el origen del problema estaba en un contrato firmado en 2019, durante la administración de Federico Gutiérrez, relacionado con obligaciones urbanísticas anticipadas. Según el exalcalde, el contrato habría presentado problemas porque el terreno tenía condición rural y no cumplía, a su juicio, los requisitos para aplicar ese mecanismo.

También afirmó que durante su administración no se realizó el pago por el predio y que la Alcaldía decidió terminar el contrato y devolver el inmueble. En su publicación, Quintero sostuvo además que su gobierno denunció ante la Fiscalía a quienes consideraba involucrados en las presuntas irregularidades del negocio.

Sin embargo, el informe de la Contraloría pone el foco en otro momento de la historia: el periodo en el que el predio estuvo vinculado al Distrito y la diferencia en su valoración cuando posteriormente fue devuelto.

Según el organismo de control, Aguas Vivas tenía una valoración cercana a $52.561 millones en 2019 y para 2023 su valor había aumentado a aproximadamente $63.046 millones. La diferencia, de acuerdo con el análisis fiscal, representa un presunto detrimento de $10.944 millones.

El organismo de control considera que ese mayor valor debía ser analizado al momento de la devolución del inmueble para determinar si correspondía reconocerlo a favor del patrimonio público.

El predio, de aproximadamente 146.686 metros cuadrados, había ingresado al patrimonio del Distrito en diciembre de 2019. Posteriormente, la administración de Quintero decidió terminar unilateralmente el contrato y el inmueble fue devuelto en 2023.

Ahí está precisamente uno de los puntos centrales de la controversia: mientras la Contraloría analiza el eventual perjuicio económico derivado de la devolución del terreno, Quintero sostiene que la actuación de su administración estuvo encaminada a terminar un contrato que consideraba irregular.

Por ahora, ninguna de las dos versiones puede presentarse como una conclusión definitiva sobre las responsabilidades del caso.

El hallazgo fiscal de $10.944 millones deberá pasar a la etapa correspondiente del proceso de responsabilidad fiscal, en la que se tendrán que determinar los hechos, establecer los eventuales responsables y valorar las pruebas.

Mientras tanto, el caso volvió a convertirse en escenario de confrontación política.

Paloma Valencia cuestionó a la administración de Quintero por el presunto detrimento señalado por la Contraloría. Quintero respondió rechazando esa interpretación y atribuyendo el origen del problema al contrato firmado en 2019.

¿Daniel Quintero tendría que responder por el presunto daño patrimonial de $10.944 millones relacionado con Aguas Vivas?