A cien días de asumir el poder, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella mantiene la seguridad como el principal eje de su Gobierno, pero enfrenta un déficit fiscal cercano al 9 % del producto interno bruto que amenaza con limitar sus promesas sociales y económicas. El balance, divulgado el 14 de noviembre de 2026 en Colombia, también muestra una favorabilidad inferior al 50 % y avances desiguales en la lucha contra la violencia.

Desde Bogotá, el mandatario ha marcado distancia con la administración de Gustavo Petro al abandonar la política de “paz total”, reactivar los bombardeos contra grupos armados y ampliar el despliegue militar en regiones afectadas por la violencia. Santa Marta fue militarizada después de un paro armado promovido por grupos de autodefensas, en una medida que el Ejecutivo presentó como necesaria para recuperar el control territorial.

El Gobierno atribuye parte de sus primeros resultados a esa estrategia. Barranquilla registró en octubre su menor tasa de homicidios del año y Medellín alcanzó el nivel más bajo de asesinatos en medio siglo, según el balance citado por EL PAÍS. A escala nacional, la Fundación Ideas para la Paz estimó una reducción del 10,6 % en los homicidios.

Sin embargo, los grupos armados conservan capacidad de respuesta. Los ataques con drones aumentaron 132 % durante los dos primeros meses del mandato frente al mismo periodo de 2025, una señal de que la ofensiva militar no ha neutralizado las amenazas contra la población y la fuerza pública.

El mayor desafío para la Casa de Nariño está ahora en las finanzas públicas. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, pidieron al Congreso aprobar una Ley de Rescate Económico para cubrir el déficit y asumir obligaciones heredadas. La propuesta contempla nuevos impuestos para sectores de la clase media y modificaciones tributarias para las empresas, medidas que han provocado rechazo político.

Aunque De la Espriella prometió reducir el tamaño del Estado, el presupuesto de 2027 sería superior al del Gobierno anterior. La reforma enfrenta oposición legislativa y podría generar movilizaciones desde el 19 de noviembre. La falta de recursos también ha retrasado compromisos en salud y pone en duda la capacidad del Ejecutivo para convertir su política de seguridad en resultados sostenibles.