La captura de Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, señalado como presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), encendió las alertas por posibles retaliaciones, nuevos enfrentamientos y desplazamientos forzados en Briceño, Antioquia.

Uñates López fue detenido el sábado 14 de noviembre de 2026, en zona rural de ese municipio del norte antioqueño, durante un operativo de la Fuerza Pública en el que participaron unidades del Gaula Militar y equipos de inteligencia y seguimiento. Tras su captura, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización.

Según las autoridades, el hombre estaría vinculado a la estructura armada que responde a la línea de alias “Calarcá Córdoba”. Su detención fue considerada por la Defensoría del Pueblo como un avance para la protección de las comunidades; sin embargo, el organismo advirtió que la captura no elimina las amenazas que persisten en el territorio.

La entidad señaló que la población civil continúa expuesta a disputas entre grupos armados ilegales, posibles represalias y hechos que podrían profundizar la crisis humanitaria. En particular, manifestó preocupación por los riesgos para las comunidades campesinas, los liderazgos sociales y los menores de edad.

Ante este escenario, la Defensoría pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Briceño coordinar acciones de prevención y protección, aplicar las recomendaciones de la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y mantener un seguimiento permanente a las condiciones de seguridad.

Entre las medidas solicitadas están reforzar la protección de los líderes comunitarios, prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y adoptar acciones frente a la presencia de minas antipersonal y otros artefactos explosivos.

La Defensoría también instó a las autoridades a anticiparse a posibles desplazamientos y garantizar atención humanitaria a las familias afectadas, sin esperar nuevas vulneraciones de derechos humanos. El organismo insistió en que la respuesta estatal debe ser integral y sostenida frente a la presencia y confrontación de estructuras armadas ilegales en Briceño.