Cortesía Edwin Bustamante
El aumento del salario mínimo en un 23% para 2026 encenderá las alarmas en el transporte urbano del país. Así lo advirtió la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que prevé un incremento superior a los 200 pesos por pasaje en las principales ciudades colombianas debido a esta medida.
El nuevo salario mínimo quedó fijado en un millón 746 mil 882 pesos sin auxilio de transporte y llegará a 2 millones de pesos cuando se incluya ese beneficio. Esta revisión salarial se suma a una alza del 11% ya proyectada en las tarifas del transporte público para el próximo año, generando una presión financiera significativa en los sistemas de movilidad urbana.
La explicación es clara: entre el 40 y el 55 por ciento de los costos operativos de los sistemas de transporte están relacionados con pagos a conductores y personal, cuyos salarios y prestaciones están directamente cargados al salario mínimo. Esto implica que cualquier aumento en el sueldo básico se traslada inmediatamente a los gastos de operación, incluso cuando no hay ampliación de oferta ni cambio en rutas o frecuencias. “Un incremento del 23% afecta de manera directa los costos del transporte. Estamos hablando de alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje”, puntualizó Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
Este impacto será distinto según el tamaño de cada ciudad. Las ciudades intermedias son las más vulnerables por tener sistemas pequeños y menor respaldo fiscal. Sin embargo, varias capitales registran ya los primeros síntomas del choque financiero: en Bogotá, el Fondo de Estabilización Tarifaria verá presionado su presupuesto; en Cali, el sistema MIO incrementará su déficit, por lo que el municipio requerirá mayores recursos; en Medellín, suben los costos operativos en buses alimentadores, tranvía y estaciones; mientras que el sistema de Cartagena, concentrado y de menor escala, enfrenta un desbalance proporcionalmente mayor.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales destacó también que este aumento salarial es “socialmente necesario”, pero subrayó que no se puede trasladar toda la carga ni a los usuarios ni a las finanzas municipales. Por eso, hizo un llamado a establecer “reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación nacional sostenibles” con el fin de preservar la accesibilidad y viabilidad del transporte público.
Este cambio abre un delicado debate sobre cómo proteger el paupérrimo ingreso de gran parte de la población trabajadora sin acabar por reducir aún más la posibilidad de movilización económica para millones de ciudadanos que dependen del bus o metro para su vida diaria. La invitación a Colombia es mirar soluciones integrales que mitiguen el costo evitándolo sólo aumento directa de pasajes.
