El operativo militar de Estados Unidos capturó a Maduro y genera alarma por presencia guerrillera en Venezuela
El 3 de enero de 2026, en una operación coordinada, aproximadamente 150 aeronaves militares de Estados Unidos bombardearon puntos estratégicos en Caracas, La Guaira e Higuerote, logrando la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para ser procesado por narcoterrorismo. Este hecho amplió el debate sobre posibles incrementos en las acciones de grupos armados en la frontera y el riesgo de insurgencia en la zona.
La ofensiva, conocida como Operación Determinación Absoluta, atacó instalaciones clave como la Base Aérea de La Carlota, Fuerte Tiuna y el puerto de La Guaira en la madrugada, con la captura de Maduro, quien fue llevado al buque USS Iwo Jima antes de partir hacia Estados Unidos. El procedimiento militó la presión formal contra estructuras del narcotráfico ligadas al régimen venezolano con las evidencias por cargo presentado ante tribunales neoyorquinos de la ciudad de Brooklyn.
Juan Martínez, analista en seguridad regional, afirmó que “aunque la captura de Maduro simboliza un golpe significativo, las fuerzas militares y paramilitares ligadas al régimen permanecen fuertes, lo que facilita que grupos armados, como el ELN y disidencias de las FARC, puedan expandir su influencia en áreas fronterizas.”
El contexto de esta intervención se basa en el aumento preferencial de presencia naval estadounidense en el Caribe desde agosto de 2025 para combatir el narcotráfico, precisamente contra unidades relacionadas al Cártel de los Soles. Previas acciones restrictivas incluyeron bloqueos navales, agresiones y confiscación de carbón y petróleo desde barcos venezolanos, afectando el comercio licito extranjero.
A nivel internacional, la Asamblea General de la ONU condenó esta operación al señalar su violación de la soberanía nacional y el resto del Tratado Charter respetando el derecho internacional. Colombia pidió la actuación estricta del Consejo de Seguridad ante el incidente, lo que motivó debates sobre la legitimidad y manera en que se ejecutaron dichos operativos directos: sin aval de Naciones Unidas ni de la cámara legislativa norteamericana. En reacción, el gobierno de Estados Unidos destacó su interés de administrar transición estable hacia adoptar una acción para estabilizar, incluso contando con esfuerzos de explotación petrolera como otro eje político-estratégico.
Ante esta emergencia, se mantiene la recomendación a los habitantes en la zona sur y fronteriza reforzar la alerta institucional y colaborar con las autoridades para mitigar eventuales actuaciones violentas. La monitorización internacional de la situación continuará para prever repercusiones regionales por supuestas alteraciones del orden local.
