📸 Cortesía: Colprensa
La justicia colombiana descartó las pruebas obtenidas del computador incautado a Raúl Reyes en 2008 que ahora son clave en la acusación de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Esta información relacionada con vínculos entre las FARC y funcionarios venezolanos, incluido Maduro durante su periodo como canciller, fue declarada inadmisible en Colombia por irregularidades procesales.
La Operación Fénix, realizada el 1 de marzo de 2008 en Angostura, Ecuador, dejó muertos a Raúl Reyes, segundo jefe de las FARC, y otros guerrilleros. Allí se recuperaron tres computadores, discos duros y memorias USB con más de 37.000 documentos y correos que mostraban contaminación política y apoyo económico del gobierno venezolano a la guerrilla bajo la administración de Hugo Chávez, incluyendo disposiciones para suministrar armas y protección. En los archivos aparece mencionado Nicolás Maduro en su labor como ministro de Relaciones Exteriores.
Aunque Interpol certificó en mayo de 2008 que los archivos no mostraron manipulaciones desde su recuperación, reconoció que al principio no se siguieron protocolos internacionales adecuados entre el 1 y 3 de marzo. Debido a esto y a una declaración que violó la soberanía de Ecuador, la Corte Suprema de Colombia en 2011 cerró el expediente conocido como ‘farcpolítica’ y rechazó esas pruebas para procesos nacionales.
Mientras Colombia archivó la investigación, autoridades federales estadounidenses validaron los documentos cruzándolos con operaciones de antidrogas y testimonios de exmilitares venezolanos extraditados a Nueva York. Por eso, desde 2020 se utiliza esta evidencia para acusar a Nicolás Maduro, señalando al régimen chavista de articular con las FARC en el tráfico de cocaína hacia EE.UU.
“El computador de Raúl Reyes es un pilar fundamental en la acusación contra Maduro”, afirmó el general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional. “Existe una sensación agridulce por el fracaso en Colombia en hacer valor estas pruebas, pero su aplicación en Estados Unidos les dio una vigencia importante”.
Este caso subraya limitaciones en la cooperación judicial y los problemas con la Jurisdicción Especial para la Paz que impiden reabrir ciertos procesos internos contra exguerrilleros. Al tiempo que el juicio en Nueva York avanza con respaldo oficial estadounidense, la situación revive los análisis sobre la falta de avances de Colombia frente al conflicto armado y sus protagonistas.
La comunidad internacional y organismos de justicia rechazan que prevalezcan vacíos jurídicos, y continúan atentos al desarrollo de este caso emblemático sobre narcotráfico y terrorismo en la región.
