📸 Cortesía: Valesca Alvarado Ríos – La FM
Gobierno de Petro enfrenta denuncia por incumplir orden judicial sobre contrato de aviones Gripen
El exsenador y candidato presidencial David Luna denunció al Gobierno del presidente Gustavo Petro por presunto desacato judicial al no revelar detalles sobre la compra de 17 aviones de combate Saab Gripen. La denuncia se presentó el miércoles 14 de enero, luego de que, 29 días atrás, el Juzgado 29 Administrativo de Oralidad de Bogotá ordenara entregar esa información en un plazo de cinco días.
Mediante derecho de petición, Luna solicitó datos claros sobre costos, contrato de compraventa y análisis técnicos de los aviones que reemplazarán la flota Kfir, con más de 30 años de servicio. El fallo ordenó a la Presidencia y al Ministerio de Defensa aceptar la petición, publicar la versión pública del contrato con sus anexos y enviar los documentos a la Contraloría para supervisión fiscal. Sin embargo, el Gobierno argumentó que existe una «reserva legal» que impide la entrega completa de la información, contraviniendo compromisos previos de transparencia.
El contrato fue firmado en noviembre de 2025 con la empresa Saab por un valor total de 16,5 billones de pesos, equivalente a 3.135 millones de euros. La financiación será hasta 2032 con un avance inicial de 4.100 millones de pesos en 2026. La adquisición incluye 15 aviones Gripen E monoplazas y 2 Gripen F biplazas, además de armamento, tecnología, entrenamiento y transferencias en áreas como energías renovables, tratamiento de aguas, salud y ciberseguridad. Las entregas se realizarán desde 2027 hasta 2032.
David Luna manifestó en sus redes sociales su inconformidad con la “opacidad” del Gobierno y sostuvo que este pretende situarse por encima de la ley en la gestión de recursos públicos. La falta de acceso a la documentación ha generado preocupaciones, incluso en la Contraloría General, instancia que ha reclamado su acceso para una fiscalización oportuna y transparente.
A la fecha, ni la Presidencia de la República ni el Ministerio de Defensa han ofrecido respuestas oficiales ante la denuncia. El caso ahora está en manos de los tribunales administrativos de Bogotá, que deberán valorar el incumplimiento y definir posibles sanciones. Esta compra se explica como una modernización necesaria para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras persisten críticas por la limitación en el acceso a la información pública.
