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Cuatro implicados rechazaron cargos por presuntas irregularidades en contratos entre el AMVA y Bomberos de Itagüí
En las últimas horas, durante la audiencia de imputación de cargos en Medellín, cuatro funcionarios investigados negaron todas las acusaciones por presuntas irregularidades en contratos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía informó que ya no calificará estos hechos como parte de un grupo delictivo organizado.
Los implicados son Juan David Palacio, exdirector del AMVA; Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectoras ambientales; y Juan Alberto Henao, contador de los Bomberos. La investigación se centra en seis contratos suscritos entre 2020 y 2023, cuyas sumas superan los 18.650 millones de pesos, recursos que según la acusación deberían haberse destinado a gestión de riesgo y emergencias.
La Fiscalía imputó a Palacio, Roldán y Montoya por presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Henao enfrenta cargos por falsedad en documento privado. Según las autoridades, irregularidades en estos procesos habrían supuesto una apropiación indebida de por lo menos 2.480 millones de pesos provenientes de fondos públicos.
Un punto clave durante la audiencia fue que la Fiscalía desistió de mantener la acusación como grupo delincuencial organizado, tras requerimientos de las defensas y vigilancia del Ministerio Público. En paralelo, se anunció que contra Henao no se solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad, pues también manifestó su voluntad de colaborar con la justicia.
La audiencia sigue su curso con la deliberación de las posibles medidas de aseguramiento para Manuel Palacio, Roldán y Montoya. El caso hace parte de una serie de procesos abiertos que suman 55 imputados bajo la lupa por presunta corrupción relacionada con la administración de Daniel Quintero Calle en Medellín entre 2020 y 2023. Las autoridades mantienen el seguimiento para esclarecer los hechos y garantizar la legalidad en la ejecución de los contratos públicos.
