Paloma Valencia cuestionó la política de paz total del Gobierno nacional, al considerar que está siendo entregada a los actores más violentos y responsables de los crímenes más graves cometidos en el país.
La candidata señaló que esta estrategia beneficia a quienes han causado mayor daño a la sociedad y planteó fuertes cuestionamientos al senador Iván Cepeda, a quien identificó como uno de los defensores de lo que calificó como una “paz total fallida” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Valencia afirmó que el Estado debe aplicar extinción de dominio sin excepciones y dar un golpe contundente a las estructuras criminales. Aseguró que la violencia no solo afecta a jóvenes reclutados, sino a comunidades enteras que hoy están siendo extorsionadas, intimidadas y sometidas a condiciones de inseguridad permanente.
Indicó que el problema no se limita a una región específica, sino que se extiende a distintas zonas del país donde las guerrillas y grupos armados han tomado control, en muchos casos —según dijo— por la ausencia del Estado y una preocupante complicidad institucional.
Finalmente, sostuvo que es indispensable incorporar tecnología para combatir el crimen y recuperar el control territorial, no solo en el Chocó y el Pacífico colombiano, sino en todas las regiones donde hoy impera la violencia, reiterando que la seguridad debe ser una prioridad real para garantizar la paz y la protección de los ciudadanos.
Al referirse a las políticas para la región del Cauca, Juan Carlos Pinzón afirmó que se trata de una de las regiones históricas del país, con millones de oportunidades que no han sido aprovechadas ni potenciadas. Señaló que durante décadas el territorio ha estado bajo control de estructuras criminales, lo que ha impedido su desarrollo.
Pinzón advirtió que en el Cauca no hay vías terciarias suficientes, no existen alternativas productivas sólidas, no hay cobertura educativa adecuada y el Gobierno nacional ha estado ausente. Indicó que hoy la región está altamente dominada por organizaciones terroristas que se disputan el territorio, las rentas criminales y el narcotráfico, lo que ha hecho imposible la vida cotidiana y el progreso de sus habitantes. Aseguró que muchas comunidades no pueden transitar por las carreteras y que los jóvenes terminan siendo reclutados por estos grupos armados, una realidad que —dijo— debe enfrentarse con una acción decidida del Estado.
Por su parte, Juan Daniel Oviedo abordó la complejidad del sistema carcelario, al que calificó como un tema central dentro de la política de seguridad. Señaló que es urgente evitar que las cárceles sigan funcionando como “universidades del crimen” y recordó que desde hace años Colombia enfrenta un problema estructural en materia de justicia y sistema penitenciario.
Oviedo sostuvo que las cárceles deben ser una herramienta dentro del ciclo de seguridad, justicia y convivencia, y no un eslabón que profundice la criminalidad. Propuso trabajar con un puesto de mando unificado que articule a nivel nacional a las ciudades capitales, para definir responsabilidades claras sobre la toma de decisiones. Subrayó además que la seguridad debe gestionar de manera adecuada la forma en que las personas privadas de la libertad cumplen sus condenas, con posibilidades reales de resocialización, advirtiendo que los niveles actuales de hacinamiento son insostenibles.
En su intervención, David Luna afirmó que las Fuerzas Armadas han perdido capacidad de acción debido a las decisiones del Gobierno nacional, que —según dijo— no les ha permitido actuar con contundencia. Señaló que esta situación ha contribuido a que la coca se consolide como uno de los principales cultivos del país, incluso superando productos legales como el arroz.
Luna aseguró que el actual Gobierno le “levantó la mano” a la Fuerza Pública, debilitando su accionar frente a los grupos criminales. En ese sentido, afirmó que su responsabilidad como candidato presidencial sería devolverle plenamente el respaldo y la autoridad a la Fuerza Pública, para enfrentar a las estructuras ilegales que mantienen a Colombia sumida en la violencia y señalada internacionalmente por el narcotráfico.
Durante su intervención, Vicky Dávila afirmó que la paz en Colombia solo será posible si se crean oportunidades reales para los jóvenes y los adultos mayores, asegurando que la inclusión social y económica es la base para una paz duradera.
Dávila expresó su desacuerdo con los acuerdos de paz firmados en el país, al considerar que no ha habido verdad, ni justicia, ni reparación para las víctimas. Señaló que esa falta de resultados se presenta tanto en el acuerdo firmado en La Habana como en los diálogos con el ELN, y sostuvo que el país necesita un modelo distinto, centrado en la justicia.
En ese contexto, manifestó su respaldo a que ya no existan curules especiales de paz en el Congreso y recalcó que quienes hayan cometido delitos deben responder ante la justicia sin privilegios políticos.
La candidata también se refirió a la situación de los militares y policías, anunciando que impulsaría un proyecto de ley para otorgarles garantías jurídicas, con el fin de proteger a quienes calificó como “héroes de la patria”. Aseguró que estos miembros de la Fuerza Pública están siendo asesinados mientras el Gobierno nacional guarda silencio.
Finalmente, fue enfática en afirmar que, de llegar a la Presidencia, extraditaría a alias Calarcá a los Estados Unidos, como una señal clara de firmeza frente al crimen organizado y el narcotráfico.
Mauricio Cárdenas afirmó que Colombia hoy tiene miedo y que ese miedo se ha transformado en indignación ciudadana frente al deterioro de la seguridad.
El candidato comparó a la Medellín del pasado con la Medellín actual, resaltando su resiliencia y la reducción de los homicidios como ejemplo de que es posible recuperar el control territorial cuando hay estrategia, decisión y continuidad en las políticas de seguridad.
Cárdenas sostuvo que la tecnología debe convertirse en la base del modelo de seguridad del país. Propuso integrar las cámaras de vigilancia de todos los sectores, tanto públicos como privados, bajo un sistema unificado, con normas claras que regulen su uso.
Indicó que esta tecnología debe servir como material probatorio efectivo para que la justicia actúe con contundencia y no permita que los delincuentes venzan términos o queden en libertad por fallas del sistema. En ese sentido, afirmó que es necesario reforzar todo el engranaje institucional para garantizar sanciones reales y acceso efectivo a la justicia.
Finalmente, señaló que el país necesita construir más cárceles y fortalecer las existentes, evitando que se conviertan en centros de extorsión y coordinación criminal. Concluyó que acabar con la impunidad es una condición indispensable para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos.
