Cortesía D.R.A
Aplazamiento y sombras en la justicia de Medellín
Este lunes 23 de febrero de 2026, la justicia volvió a esperar en Medellín. La audiencia contra seis exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos, sufrió un nuevo aplazamiento.
La diligencia, convocada al Juzgado 23 Penal del Circuito, no pudo avanzar debido a la ausencia de su titular, comprometido en un simulacro electoral como clavero de cara a las próximas elecciones al Congreso. Apenas iniciada la sesión, se suspendió el acto y se reprogramaron las intervenciones: la Fiscalía presentará su acusación el próximo 3 de junio y la defensa responderá el 10 de junio, ambas en Medellín y en horario colombiano.
La investigación tiene como eje contratos interadministrativos firmados en 2020 entre Metroparques, Inder Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por un monto que supera los 21.800 millones de pesos. De acuerdo con las denuncias, estos acuerdos favorecieron a terceros específicos, en detrimento de otros oferentes y posiblemente violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Los seis exdirectivos y exfuncionarios deben responder por su supuesta participación en estos contratos decisivos.
Este retraso no es un caso aislado, sino que se inserta en un entramado judicial que retrata las tensiones en Medellín desde la gestión de Quintero entre 2020 y 2023. Apenas diez días atrás, se reanudó una audiencia contra el exalcalde y 12 personas vinculadas a un proceso por el controvertido predio Aguas Vivas, donde la Fiscalía acusó de peculado, prevaricato e interés indebido en contratos. Allí, se sustenta que un decreto firmado por Quintero en 2023 alteró el Plan de Ordenamiento Territorial para valorizar un lote en más de 40.500 millones de pesos, en beneficio de ciertos tenedores señalados.
En otro episodio cercano, un juez ordenó la detención preventiva de dos exfuncionarios investigados por peculado e interés indebido en seis convenios con los Bomberos de Itagüí, que suman cerca de 18.000 millones de pesos y que, presuntamente, fueron otorgados sin concurso ni pluralidad. La Fiscalía también señala sobrecostos por más de 2.400 millones y posibles vínculos con financiamiento de campañas políticas.
Daniel Quintero, que ahora aspira a la Presidencia por el Pacto Histórico, ha denunciado una persecución política detrás de estos procesos, especialmente luego de la liberación de varios exfuncionarios aliados. Mientras tanto, el balance oficial de la Fiscalía muestra unas 55 imputaciones derivadas de su administración, involucrando a exfuncionarios, contratistas y particulares. Las defensas, por su parte, han solicitado nulidades y medidas menos restrictivas, argumentando insuficiencia de pruebas.
Estas investigaciones y sus aplazamientos dibujan un cuadro de la compleja gestión de recursos públicos en Medellín, donde la desconfianza y la exigencia de transparencia se han convertido en rabiosas demandas ciudadanas. El actual alcalde Federico Gutiérrez ha catalogado estas denuncias como indicios de un saqueo y reclama una mayor profundidad en las indagaciones.
Así, la justicia en Medellín transita con cautela entre múltiples procesos que dilatan sus respuestas y erosionan la confianza pública. ¿Logrará esclarecerse la verdad tras tantos tropiezos y silencios?
Por ahora, las audiencias deberán esperar, mientras la ciudad mira hacia junio, cuando quizás se avancen en las verdades que Medellín tanto necesita.
