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Fiscalía imputará a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias por compra de apartamento

Cortesía Cristian Bayona
Fiscalía notificará imputación a Ricardo Roa por presunto tráfico de influencias en Ecopetrol y compra de apartamento en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación fijó para este miércoles 11 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m. en Bogotá la audiencia de imputación por el delito de tráfico de influencias contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El proceso está relacionado con la compra de un apartamento en la capital en diciembre de 2022 y posibles favores otorgados a la empresa de Juan Guillermo Mancera, exoficial y contratista de la estatal petrolera.

La investigación indica que Roa habría adquirido el apartamento 901, valorado en aproximadamente 1.800 millones de pesos, contando para los pagos con transferencias de compañías vinculadas a Mancera realizadas entre enero de 2023 y febrero de 2024, incluidas dos principales por 500 y 600 millones de pesos. Al asumir la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023, Mancera, conocido asesor del sector energético, ingresó junto a su empresa Gaxi SA ESP a proyectos estratégicos para la petrolera, como el contrato de regasificación del Caribe. Así mismo, se detectó la entrega de prerrogativas en el bloque Sinú 9 desde marzo de 2024 a actores relacionados con empresarios italianos.

Los registros de la Fiscalía y de Ecopetrol muestran que el contrato referido se firmó bajo procedimientos anticipados mediante un memorando interno, situación verificada en conjunto con autoridades del sector energético y auditorias realizadas entre 2023 y 2024. De acuerdo con fuentes empresariales y oficiales, Gaxi SA ESP—empresa de bajo capital previo y reconocida por recientes compras—logró posicionarse con proyecciones superiores a 600 millones de dólares anuales tras adjudicaciones que ya son revisadas por las entidades fiscales y disciplinarias.

La Junta Directiva de Ecopetrol ratificó el respaldo institucional hacia su presidente y comunicó públicamente que las decisiones corporativas seguirán bajo control del Gobierno nacional en función de la reputación y el valor bursátil de la empresa. Hasta la fecha, no existe decisión judicial definitiva ni solicitud de medida de aseguramiento en contra de Roa.

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