Cortesía D.R.A
Nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud desata polémica nacional
El gobierno de Gustavo Petro designó a Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, como nuevo superintendente Nacional de Salud el 15 de abril de 2026 en Bogotá, tras la renuncia de Bernardo Camacho. Esta decisión encendió fuertes críticas entre dirigentes políticos, empresariales y gremiales, cuestionando la idoneidad de Quintero en pleno debate por la crisis del sistema de salud colombiano.
Según lo registrado, la Presidencia publicó la hoja de vida de Quintero en la plataforma oficial de candidatos a nominaciones de libre nombramiento y movimiento. El proceso de designación quedó ratificado formalmente y fue comunicado por Quintero en redes sociales. El funcionario, ingeniero electrónico con estudios en finanzas y MBA, expuso su intención de implementar herramientas tecnológicas para detectar desvío de dineros en el sistema de salud e intervenir ciertas EPS. En el contexto nacional, la salida de Camacho fue notificada el 14 de abril por asuntos personales, unida al agravamiento de la crisis por deudas históricas de aseguradoras, recientes intervenciones forzosas en 10 entidades y un alza del 34 % en acciones de tutela por atención médica vulnerada entre enero de 2024 y julio de 2025.
Glires de la ANDI y sectores opositores manifestaron desacuerdo con la designación de Quintero, así como diversos representantes de Medellín y Antioquia, señalando indagaciones abiertas y antecedentes en la administración de la ciudad, relacionados con posibles temas de corrupción. Organismos civiles también cuestionaron el posible impacto de esta medida sobre las competencias y autonomía institucional, al resaltar que Quintero reúne las condiciones técnicas pero arrastra experiencias administrativas controvertidas y diferencias políticas mantenidas durante su desempeño municipal.
Este nombramiento ocurre en un escenario marcado por un volumen sin precedentes de quejas ciudadanas a la Supersalud, alrededor de 685.000 durante 2025, lo que representa un incremento del 35 % sobre el año anterior, junto con una escalada de la deuda total del sistema pese al mayor gasto oficial. Además, se mantienen trabas a la reforma a la salud por diferencias entre gobierno y sectores opositores, focalizadas en deudas en EPS, coberturas rurales insuficientes y el control de sobrecostos en servicios y medicamentos en la red de hospitales y clínicas vigiladas por la Superintendencia.
