Estados Unidos sanciona red que reclutó exmilitares colombianos para grupo paramilitar en Sudán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra cuatro personas y cuatro empresas, la mayoría colombianas, identificadas como parte de una red transnacional responsable de reclutar exmilitares colombianos, incluidas personas menores de edad, para combatir en las Fuerzas de Apoyo Rápido durante la guerra civil en Sudán. El anuncio fue realizado este 17 de abril de 2026 desde Washington, justo cuando el conflicto en ese país africano cumple tres años y registra más de 14 millones de desplazados y decenas de miles de muertos.
Las sanciones, confirmadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de todo tipo de transacciones económicas con los sancionados, ahora incluidos en la denominada Lista Clinton. Entre los nombres señalados se encuentra un exoficial colombiano con ciudadanía italiana, residente en Emiratos Árabes Unidos, así como sus principales colaboradores y los representantes legales de empresas implicadas con sedes principales en Bogotá. Estas personas y entidades habrían facilitado la selección, entrenamiento y despliegue de combatientes, especialmente durante el periodo septiembre de 2024 en adelante.
Según información oficial, la acusación señala viajes constantes de exmilitares colombianos hacia Sudán con el fin de usufructuar su adiestramiento militar, en especial en manejo de drones, artillería y entrenamiento de menores reclutados. Además, el Departamento del Tesoro detalló que las acciones incluían actividades logísticas y financieras para financiar el actuar de las Fuerzas de Apoyo Rápido en escenarios de ofensiva, integración que involucra territorio sudanés, capitalizando know-how sudamericano en conflictos africanos. Las medidas de abril representan un endurecimiento de la normativa local para combatir la internacionalización de grupos armados e interferir el flujo de recursos y personal entre países.
El caso ganó dimensión global tras documentos y reportes de las Naciones Unidas y denuncias del propio Gobierno sudanés en el Consejo de Seguridad, con señalamientos de posibles crímenes de guerra relacionados con conductas atribuidas a mercenarios colombianos. Datos recopilados hasta septiembre de 2025 vinculan al menos a 300 nacionales en operaciones militares que, según autoridades y organizaciones humanitarias, resultaron en la muerte de 73 civiles, además de alegaciones de reclutamiento infantil. Hasta ahora, la Cancillería colombiana no ha emitido respuesta oficial frente a las sanciones ni acerca del número de personas nacionales presuntamente relacionadas con estos hechos.
