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Denuncias de “boicot” sacuden al Gobierno: Angie Rodríguez habla de espionaje y disputas internas

Denuncias de “boicot” sacuden al Gobierno: Angie Rodríguez habla de espionaje y disputas internas

Cortesía Catalina Olaya/Colprensa
Denuncias por boicot y espionaje agitan al Gobierno tras salida de funcionaria

Angie Rodríguez, quien hasta hace poco fungió como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunció de manera pública un presunto esquema de boicot y vigilancia ilegal en su contra dentro del Gobierno nacional. Estas acusaciones, efectuadas recientemente y que involucran derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso, apuntan directamente a Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y a Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada al Ejecutivo.

De acuerdo con lecturas oficiales y distintos registros, la exdirectora atribuye estos hechos a una serie de disputas internas iniciadas a raíz de presuntos intereses millonarios, señalando evidencias documentales como mensajes, video y comunicaciones telefónicas. Entre las conductas denunciadas, Rodríguez reveló la recepción de un video por un canal desconocido en el que se negociaría información sensible a cambio de favores económicos y estabilidad dentro de la administración pública. Los hechos se enmarcan principalmente en Bogotá durante el primer semestre del 2024.

En el plano institucional, existe registro previo de que el propio Carlos Carrillo instauró denuncias en organismos como la Defensoría del Pueblo señalando acoso laboral ocasionado por Rodríguez cuando coincidieron laboralmente en el Estado. Por su parte, el historial judicial indica el comienzo de procesos contra Juliana Guerrero ante la Fiscalía General, relacionados con consistencia académica irregular y presunto uso de documentos falsos para obtener empleos estatales. No hubo reporte oficial sobre cifras hasta el momento.

El telón de fondo revela tensiones crecientes en distintas dependencias del Ejecutivo, donde ha crecido el control e interés sobre el Fondo Adaptación, un organismo central en la atención a emergencias que mueve recursos por más de 600.000 millones de pesos y cuyo direccionamiento es ahora centro del debate tras dichas revelaciones. Hasta ahora, las autoridades correspondientes no presentaron comunicados en torno a estas nuevas denuncias.

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