Corantioquia aclara situación de mina en Cáceres tras polémica por presuntos vínculos ilegales

Corantioquia aclara situación de mina en Cáceres tras polémica por presuntos vínculos ilegales

Cortesía The New York Times
Corantioquia aclara estatus legal de minas en Cáceres tras controversia por presunta ilegalidad

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) informó este 29 de abril de 2026 que en la vereda Río Man del municipio de Cáceres, Antioquia, existen actualmente dos proyectos mineros diferenciados: la Mina Mandinga, que opera bajo la placa ODH-08201 y cuenta con licencia ambiental temporal desde 2022 para extracción de oro y plata, y otro polígono identificado como LID-09161, que permanece en trámite y no dispone de los permisos requeridos para iniciar labores.

El caso generó debate tras la publicación de un reportaje internacional que señaló posibles vínculos entre operación minera, actividades informales relacionadas con el Clan del Golfo, y la cercanía sobre terrenos correspondientes al Fondo de Reparación a Víctimas, en una zona próxima al Batallón de Infantería N.° 31 Rifles y con presencia de hasta 2.500 mineros informales. Corantioquia señaló que la licencia de la Mina Mandinga se otorgó en un proceso de formalización de acuerdo a disposiciones técnicas y ambientales vigentes, mientras que cualquier operación en el polígono LID-09161 se considera informal y, según las normas, ilegal por carecer de autorización.

La entidad aclaró que no entrega títulos mineros ya que esa función corresponde a la Agencia Nacional de Minería, como establece la Constitución, e indicó que su papel es controlar, evaluar y supervisar impactos ambientales en títulos ya aprobados, además de efectuar reportes sobre fuera de norma a la Fiscalía, ANM, Procuraduría y Contraloría.

Desde 2011, Corantioquia realiza seguimiento en el Bajo Cauca frente a irregularidades en explotaciones auríferas e informa dificultades operativas a causa de la inseguridad local; sin embargo, mantiene visitas técnicas, procesos sancionatorios y remisión de casos a las autoridades competentes.

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