Un nuevo episodio de tensión sacude al sistema de salud en Colombia. El superintendente de Salud, Daniel Quintero, pidió la renuncia inmediata de todos los interventores de las EPS bajo control estatal y anunció que evaluará sus resultados para definir si continúan o no en sus cargos.
La decisión se conoció un día después de un informe de la Contraloría General de la República, que advierte que las entidades intervenidas no han logrado una recuperación financiera ni administrativa, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno.
Las EPS intervenidas son: Asmet Salud, Capresoca, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, SOS y Savia Salud, según documentos de la Superintendencia de Salud. Al frente como interventores quedaron Jessica Aguirre Santana, Betty Cecilia Anaya, Ilsen Jaramillo Laserna, Germán Darío Gallo, Jorge Iván Ospino, Margarita Orozco Eslait y Edda Lorena Sintura.
El pronunciamiento se suma a una serie de cuestionamientos sobre la efectividad de las intervenciones en el sistema. Según el ente de control, persisten problemas estructurales como el deterioro patrimonial, el aumento del endeudamiento y fallas en la información contable de varias EPS, lo que impide tener claridad sobre su situación real.
Entre las entidades señaladas se encuentra Nueva EPS, junto con otras aseguradoras intervenidas que hoy enfrentan dificultades financieras profundas y advertencias sobre su sostenibilidad. En algunos casos, incluso se han reportado patrimonios negativos y cifras sin certificación oficial, lo que agrava la incertidumbre.
En medio del panorama, el Gobierno anunció la instalación de mesas de trabajo para revisar los hallazgos y definir medidas correctivas. Sin embargo, el debate sigue abierto: si la intervención ha servido para estabilizar el sistema o si, por el contrario, ha mantenido las fallas que buscaba corregir.
