Fotomultas bajo la lupa por el Ministerio de Transporte: alcalde de Medellín asegura que no permitirán “cámaras trampa”

Fotomultas bajo la lupa por el Ministerio de Transporte: alcalde de Medellín asegura que no permitirán “cámaras trampa”

Cortesía Alcaldía de Medellín
Investigación a fotomultas pone en revisión hasta 7,5 millones de comparendos en Colombia

La Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito, incluido Medellín, por posibles irregularidades en los sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST). Según informó la entidad desde Bogotá, este proceso afecta más de 7,5 millones de fotomultas generadas en todo el país y podría dejar sin validez unos 5,8 millones de comparendos si se demuestran errores.

Los reportes oficiales describen deficiencias como falta de señalización adecuada, ausencia de conceptos técnicos, problemas de calibración en los equipos y fallas en la notificación de las sanciones. En Medellín, la revisión cobija alrededor de 717.000 comparendos y de acuerdo con las autoridades las medidas se centraron en verificar si el funcionamiento de las cámaras cumple todos los criterios de Ley 2251 de 2022.

Según el proceso administrativo abierto, la Superintendencia estableció que los organismos de tránsito tendrían que revocar de manera inmediata los comparendos en caso de confirmarse su ilegalidad, mientras que el reintegro de los valores cancelados implicaría mecanismos legales como derechos de petición o demandas. El Distrito de Medellín no ha sido notificado oficialmente de la investigación y asegura seguir protocolos que impliquen avisos preventivos previos a vencimientos del SOAT o la revisión tecnicomecánica, junto a la implementación directa de la operación de cámaras desde finales de 2023.

Esta iniciativa surge luego del cambio en la operatoria de fotodetección en Medellín y de la culminación de contratos de concesión privada; la Supertransporte y el Ministerio del sector explicaron que buscan asegurar transparencia y cumplimiento estricto de los requisitos necesarios establecidos por la ley para validar la imposición de estas sanciones.

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