Foto cortesía proporcionada por la Alcaldía de Medellín
La Alcaldía de Medellín presentó un nuevo balance sobre las investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración 2020-2023 y anunció que el número de hallazgos aumentó de 501 a 666, tras identificar 165 nuevos casos que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
Según el alcalde Federico Gutiérrez, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y otros organismos de control han permitido recopilar más de 13.000 pruebas, además de 157 testimonios y 97 peritajes. Como resultado, hasta el momento se registran 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.
La Administración Distrital aseguró que las investigaciones abarcan presuntas irregularidades en entidades como Afinia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques, el Inder, Buen Comienzo, así como en contratos relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas, las zonas verdes de Medellín y el lote Aguas Vivas.
De acuerdo con la Alcaldía, la contratación que es objeto de investigación supera $1 billón. Entre los procesos se encuentra el relacionado con la presunta negociación de la gerencia de Afinia, una investigación sobre contratos del Área Metropolitana con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por más de $18.000 millones, además de presuntas anomalías en contratos del Inder y Metroparques, donde se investigan posibles sobrecostos y direccionamiento de recursos públicos.
También avanzan procesos por presuntas irregularidades en el programa Buen Comienzo, donde tres personas fueron imputadas por la contratación de la alimentación infantil, y en el Parque de las Aguas, donde nueve personas enfrentan juicio por presuntos sobrecostos en contratos de mantenimiento.
Durante la presentación del informe, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la Alcaldía entregó nueva información a las autoridades colombianas y a agencias de investigación de Estados Unidos para apoyar el rastreo de recursos que, según las investigaciones, habrían salido del país.
Por su parte, los casos continúan en curso y será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad de las personas vinculadas a cada uno de los procesos.
