Foto realizada con inteligencia artificial como representación
La auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Secretaría de Salud de Antioquia desató un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, luego de que el superintendente de Salud y cuestionado ex alcalde de Medellín Daniel Quintero, anunciara presuntos hallazgos administrativos, disciplinarios, fiscales y penales que ahora serán objeto de investigación.
Según el Quintero Calle, la auditoría dejó 23 hallazgos administrativos, además de seis disciplinarios, cuatro con presunta incidencia fiscal y tres de carácter penal. Aseguró que uno de los principales hallazgos corresponde al presunto manejo irregular de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, recursos que, según indicó, estaban destinados a municipios de categorías 5 y 6 para acciones de salud pública y que habrían sido trasladados a Empresas Sociales del Estado sin contratos y por fuera de las cuentas oficiales.
Daniel Quintero también afirmó que la auditoría evidenció una presunta negligencia de la Gobernación en el seguimiento al caso de una adolescente indígena emberá embarazada, cuya muerte quedó consignada dentro de los hallazgos remitidos a las autoridades competentes.
Antes de presentar los resultados, el funcionario cuestionó que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hubiera informado públicamente sobre la auditoría un día antes de su realización, asegurando que se investiga una posible filtración de la información.
Gobernación rechaza los señalamientos
La Secretaría de Salud de Antioquia respondió que respetará el proceso y presentará los soportes para desvirtuar los hallazgos formulados por la Superintendencia y anunciados en una rueda de prensa hecha y encabezaada por el cuestionado ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
La entidad aseguró que durante 2026 ha reportado más de 50 situaciones relacionadas con afectaciones a pacientes de EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, sin que, según afirmó, la Superintendencia haya adelantado auditorías frente a esos casos.
Frente a las muertes de dos menores de edad mencionadas en el informe, la Secretaría sostuvo que ambas estaban afiliadas a Savia Salud y Coosalud, EPS que se encontraban intervenidas por la Superintendencia al momento de los hechos, y aseguró que existieron fallas en la prestación de los servicios de salud por parte de esas entidades.
Respecto al presunto detrimento patrimonial por 4.700 millones de pesos, la Gobernación defendió la legalidad del manejo de los recursos, señalando que fueron destinados a hospitales públicos para ejecutar acciones de salud pública y que toda la ejecución se realizó bajo criterios de transparencia.
La administración departamental anunció que entregará la documentación correspondiente para controvertir los hallazgos y reiteró que los recursos públicos fueron administrados conforme a la normatividad vigente.
