La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos por su presunta responsabilidad en un esquema de captación ilegal de recursos que habría afectado a cerca de 8.000 personas en varios departamentos del país, principalmente en Antioquia. Según la investigación, entre 2021 y 2024 se habrían recibido alrededor de 200.000 millones de pesos sin que los inversionistas recibieran los rendimientos prometidos ni recuperaran su dinero.

Modus operandi del esquema de inversión

El caso está bajo la dirección de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que lidera la investigación sobre esta presunta captación masiva e ilegal de dineros. La Fiscalía estableció que el esquema comenzó en 2021 mediante una comercializadora y exportadora, y luego se consolidó con la creación de una cooperativa que sirvió para atraer inversionistas con operaciones supuestas de compra y venta de plátano en mercados nacionales e internacionales.

El modelo ofrecía dos modalidades principales: la primera consistía en la compra supuesta de plátano a productores regionales, con la promesa de comercializarlo a través de un intermediario para venderlo a compradores extranjeros, generando utilidades significativas. La segunda modalidad promovía la vinculación de terceros como “asociados” o “socios ocultos” mediante contratos de cuentas en participación, figura jurídica que permite aportar capital sin aparecer formalmente como socio.

A cambio de estos aportes, los investigados prometían una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, supuestamente derivada de la comercialización del plátano, una cifra muy superior a las ofrecidas por instrumentos financieros regulados, lo que alertó a las autoridades sobre la posible naturaleza piramidal del esquema.

Víctimas y alcance geográfico

Los elementos probatorios recaudados indican que cerca de 8.000 personas entregaron aproximadamente 200.000 millones de pesos, sin recibir los rendimientos ni recuperar su inversión. Entre las víctimas hay mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento forzado, docentes rurales, campesinos y agricultores, sectores vulnerables atraídos por la promesa de ingresos rápidos y constantes basados en un producto regional.

La captación se concentró principalmente en municipios antioqueños como Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes. Sin embargo, también se registraron afectados en departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, evidenciando el alcance interdepartamental del esquema, especialmente en zonas agrícolas y rurales.

Procesos judiciales y medidas adoptadas

El pasado 10 de julio, una de las procesadas fue capturada en el aeropuerto internacional José María Córdova cuando intentaba salir del país, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades. En audiencias separadas, jueces especializados legalizaron los procedimientos y elementos incautados.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro, contemplados en la legislación colombiana para sancionar la recolección ilegal de recursos públicos sin autorización y la falta de devolución del capital aportado. Ninguno aceptó los cargos, por lo que el proceso continúa en etapa investigativa y judicial.

Como medida cautelar, los jueces ordenaron que los procesados cumplan detención domiciliaria para garantizar su comparecencia durante el juicio, evitar obstrucciones a la justicia y proteger a las víctimas, sin recurrir por ahora a prisión en establecimiento carcelario.

Las autoridades han advertido que esquemas como este suelen presentarse con actividades económicas aparentemente legítimas pero con promesas de rentabilidades poco realistas. Por ello, se recomienda verificar siempre que las entidades que ofrecen inversiones estén autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia o autoridades competentes. Hasta el momento, no se ha informado sobre recuperación efectiva de los recursos ni medidas patrimoniales contra los investigados. La investigación permanece activa con labores continuas para rastrear recursos y recibir nuevas denuncias.