El Gobierno de Abelardo De La Espriella pone la mira sobre los celulares utilizados ilegalmente desde las cárceles.

El ministro de Justicia, Iván Cancino González, encabezó una mesa de trabajo con la ministra TIC, Alexandra Falla, representantes de Claro, WOM y otros operadores de telefonía móvil para revisar el funcionamiento de las medidas destinadas a restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Desde prisión no se puede seguir ordenando el delito”, fue el mensaje con el que el Ministerio de Justicia presentó el encuentro.

La reunión tuvo tres objetivos: revisar qué medidas existen actualmente, determinar su verdadero nivel de funcionamiento e identificar los obstáculos técnicos y operativos que todavía permiten que internos accedan ilegalmente a comunicaciones móviles.

El Gobierno asegura que de la mesa salieron compromisos para avanzar hacia nuevas soluciones tecnológicas, aunque todavía no informó cuáles serán específicamente, en qué cárceles se implementarán primero ni estableció un cronograma público para su puesta en funcionamiento.

El problema viene de atrás

El bloqueo de celulares en las cárceles colombianas lleva años siendo una promesa difícil de cumplir.

A comienzos de 2026, el entonces Ministerio de Justicia anunció la intervención de sistemas de bloqueo en cárceles como Cómbita, Valledupar y La Dorada, después de reconocer que desde 2012 no se realizaban intervenciones de fondo sobre esta infraestructura.

El INPEC incluso expidió en marzo una circular específica con medidas de control, seguridad, seguimiento y verificación de los sistemas de bloqueo e inhibición de señal instalados en los establecimientos penitenciarios.

La reunión convocada ahora por Cancino indica, sin embargo, que el bloqueo efectivo continúa teniendo problemas y que el nuevo Gobierno buscará involucrar directamente a los operadores móviles en su solución.

Miles de celulares dentro de las cárceles

La dimensión del problema quedó expuesta durante los operativos realizados este mismo año.

En enero, un megaoperativo simultáneo en los 124 establecimientos de reclusión del orden nacional permitió incautar 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM, además de armas blancas, drogas, dinero y otros elementos prohibidos.

Y la cifra acumulada es mucho mayor.

Según el Ministerio de Justicia, entre 2023 y enero de 2026 se habían realizado más de 2.600 operativos dentro de las cárceles y decomisado aproximadamente 15.600 teléfonos celulares.

Esos aparatos representan un problema que trasciende la disciplina penitenciaria: pueden ser utilizados para mantener contacto con estructuras criminales en libertad y ejecutar delitos como extorsiones desde prisión.

¿Por qué no basta con poner un inhibidor?

Ahí está precisamente el reto tecnológico.

Bloquear comunicaciones dentro de una cárcel exige impedir que dispositivos no autorizados se conecten a las redes móviles sin afectar indiscriminadamente las comunicaciones legales en las zonas vecinas, y requiere además mantenimiento, monitoreo y coordinación entre autoridades penitenciarias y operadores.

El hecho de que el INPEC haya tenido que expedir este año instrucciones específicas sobre el cuidado, seguimiento y verificación de los sistemas de bloqueo existentes evidencia que instalar los equipos no basta: deben permanecer operativos y ser supervisados permanentemente.

Por eso, Justicia y MinTIC están involucrando ahora directamente a las compañías de telecomunicaciones.

Hace parte de una ofensiva mayor contra la extorsión

La reunión tampoco ocurre de manera aislada.

De La Espriella anunció recientemente la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, con participación de diferentes organismos del Estado, como parte de su nueva estrategia de seguridad.

Uno de los frentes anunciados por el Ejecutivo es precisamente impedir que las cárceles sigan funcionando como centros desde los cuales integrantes de estructuras criminales pueden coordinar delitos hacia el exterior.