El nuevo Gobierno de Abelardo De la Espriella recibe un panorama complejo en materia de seguridad y derechos humanos. Informes de la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch advierten sobre la expansión territorial de los grupos armados, el aumento del reclutamiento de menores, las masacres y el crecimiento de los cultivos de coca.
Uno de los principales indicadores está relacionado con las disidencias de las Farc. Según la Defensoría, durante 2026 se ha identificado presencia permanente o intermitente de estas estructuras en 372 municipios del país. El Estado Mayor Central tendría presencia en 239 municipios, mientras que el Estado Mayor de los Bloques y Frentes registra actividad en 140.
El panorama también incluye al Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con presencia permanente o intermitente en 509 municipios, de acuerdo con el mismo monitoreo.
La violencia contra la población civil también deja cifras preocupantes. Entre 2019 y el 18 de julio de 2026, la Defensoría documentó 651 masacres que dejaron 2.380 víctimas. Solo durante los primeros meses de 2026 ya se habían registrado 71 casos con 282 víctimas, cifra que supera las víctimas contabilizadas durante todo 2024 y 2025.
