La orden del presidente Abelardo De La Espriella, de iniciar operativos contra extranjeros en situación migratoria irregular ya provocó el primer gran choque político alrededor de su nueva política migratoria. Sectores del Pacto Histórico hablan de estigmatización y xenofobia, mientras congresistas del Centro Democrático respaldan la decisión bajo el argumento de recuperar el control migratorio y de seguridad.
La representante Alexandra Pineda, del Pacto Histórico, cuestionó la decisión y advirtió que migrar no constituye un delito. A su juicio, una política de deportaciones no puede convertirse en un mecanismo de exclusión ni criminalización de la población extranjera. En contraste, el representante Alejandro Murcia, del Centro Democrático, defendió la necesidad de “poner orden en la casa”.
Las organizaciones vinculadas a la población venezolana también reaccionaron. La Fundación Juntos Se Puede pidió al Gobierno abrir nuevamente mecanismos de regularización y advirtió que no debería perseguirse a personas por no haberse regularizado cuando los mecanismos disponibles para hacerlo son limitados. Representantes de la diáspora alertaron, además, sobre un posible incremento de la xenofobia.
La magnitud del desafío es considerable: en Colombia viven alrededor de 2,8 millones de venezolanos, cerca del 90 % de la población extranjera del país, y aproximadamente 848.000 estarían en situación irregular; 193.000 de ellos son niños, niñas y adolescentes.
Expertos también cuestionan la viabilidad práctica de una deportación a gran escala debido a los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida con Venezuela y la existencia de numerosos pasos informales.
