El presidente Abelardo De La Espriella ratificó que su Gobierno avanzará con la construcción de megacárceles de máxima seguridad para recluir a los delincuentes considerados más peligrosos del país. El proyecto, una de sus principales promesas de campaña en materia de seguridad, contempla la construcción de 10 establecimientos penitenciarios y la participación del sector privado en su financiación y operación.
El mandatario confirmó la decisión durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, donde aseguró que los nuevos centros estarán destinados principalmente a quienes representen las mayores amenazas para la seguridad nacional. La estrategia forma parte del endurecimiento de la política criminal con la que el nuevo Gobierno pretende impedir que cabecillas de organizaciones ilegales continúen impartiendo órdenes desde prisión.
La propuesta había sido detallada por De La Espriella durante la campaña presidencial. Entonces explicó que las 10 megacárceles serían desarrolladas mediante alianzas con el sector privado: las empresas realizarían la inversión inicial y administrarían los establecimientos bajo un esquema de concesión, mientras el Estado aportaría los terrenos, que podrían ser baldíos de la Nación o predios adquiridos para ese propósito.
Otro componente central sería el aislamiento de los internos. De acuerdo con lo planteado por el hoy presidente durante la campaña, las instalaciones deberán impedir las comunicaciones no autorizadas desde su interior, incluso mediante sistemas de bloqueo de señal. El objetivo es atacar uno de los principales problemas denunciados por las autoridades: la utilización de teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación para coordinar extorsiones y actividades criminales desde los centros penitenciarios.
Mientras comienza la ejecución del proyecto, el Gobierno ordenó recuperar el control de las cárceles existentes y trasladar a cabecillas considerados de alta peligrosidad. De La Espriella también puso bajo presión al director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, al advertir que exigirá resultados en el control penitenciario y que “funcionario que no da resultado, funcionario que sale del Gobierno”.
Por ahora, sin embargo, el Gobierno no ha hecho públicos los lugares definitivos donde serían construidas las 10 megacárceles, su capacidad, costo total, cronograma de construcción ni el modelo contractual definitivo con los privados. Esos serán los datos clave para determinar cómo y cuándo la promesa presidencial podrá convertirse en infraestructura penitenciaria.
