El presidente Abelardo de la Espriella lanzó un contundente mensaje a las organizaciones criminales en Colombia al anunciar el fin definitivo de los salvoconductos y privilegios disfrazados de paz para quienes pretendan acogerse a procesos de sometimiento o transitar hacia la legalidad. Esta decisión forma parte del desmontaje de la política de “paz total” implementada por el gobierno anterior y se acompaña con la reactivación de extradiciones contra antiguos negociadores de grupos armados ilegales.
Desmontaje de la política de “paz total” y su impacto
Desde la Casa de Gobierno, De la Espriella calificó la estrategia impulsada por el expresidente Gustavo Petro como una “falsa paz” y una “farsa”, argumentando que permitió que estructuras criminales accedieran a beneficios y espacios de negociación sin aportar resultados concretos ni verificables para la construcción de paz. Según reportes, esta política fracasó en su propósito fundamental porque abrió puertas a grupos delictivos sin exigir contraprestaciones reales en términos de desmantelamiento del crimen o reparación a víctimas.
Con esta crítica, el mandatario anunció que su administración desmontará esa estrategia y enfatizó que la paz en Colombia no podrá edificarse sobre la impunidad ni sobre mecanismos que sirvan como refugio frente a la justicia. “Se acabaron los salvoconductos y los privilegios disfrazados de paz”, advirtió, dejando claro que quienes decidan abandonar las armas deberán hacerlo sometiéndose a la justicia sin dilaciones.
Reactivación de extradiciones y nuevas directrices judiciales
En línea con esta nueva política, el gobierno confirmó la firma de órdenes de extradición hacia Estados Unidos contra varios cabecillas de organizaciones criminales que habían sido reconocidos como negociadores o gestores de paz durante el gobierno anterior. Entre ellos figuran jefes de estructuras como los Comandos de la Frontera y disidencias de las FARC. Bajo la administración previa, estos procesos se habían suspendido debido a su participación en mesas de diálogo.
Sin embargo, según medios como Bloomberg Línea, el actual gobierno dejó claro que la condición de gestor de paz ya no será utilizada para detener o retrasar extradiciones ni para otorgar beneficios que impliquen trato privilegiado. La política de extradición seguirá el curso fijado por las decisiones judiciales, sin que la participación en procesos de diálogo sirva como argumento para suspender entregas.
Seguridad, legalidad y autoridad del Estado como pilares fundamentales
De la Espriella enmarcó estas decisiones dentro de una política centrada en tres ejes: seguridad, legalidad y autoridad del Estado. Reiteró que los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios para evadir responsabilidades penales y advirtió que ningún funcionario está autorizado para establecer contactos con grupos terroristas o estructuras criminales sin autorización expresa, bajo riesgo de enfrentar procesos judiciales.
La administración vinculó estas medidas con la defensa de la seguridad ciudadana y la soberanía jurídica del país, subrayando que “la seguridad de los colombianos y la soberanía de nuestras leyes no se negocian”. El gobierno enfatizó que no habrá mesas de diálogo ni figuras jurídicas que coloquen a jefes criminales por encima de la ley o les permitan esquivar la acción judicial.
Esta ofensiva política y jurídica se complementa con operaciones militares y policiales contra grupos armados en diversas regiones, incluyendo bombardeos contra disidencias vinculadas a alias “Calarcá”. El gobierno presenta estos resultados como evidencia del enfoque que privilegia la acción coercitiva del Estado y el cumplimiento estricto de la ley frente al crimen organizado.
Finalmente, el mandatario reafirmó el compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico, asegurando que los criminales requeridos por autoridades extranjeras serán puestos a disposición sin dilación una vez cumplidos los requisitos legales. La postura oficial busca marcar distancia con políticas anteriores y establece que cualquier tránsito hacia la legalidad deberá estar acompañado por sometimiento efectivo a la justicia, bajo principios claros de justicia, autoridad y respeto por las leyes colombianas.
