El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella derogó la resolución que mantenía suspendida desde 2015 la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato, dando el primer paso para modificar la política antidrogas aplicada durante la última década en Colombia.

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes y formalizada mediante una nueva resolución firmada por el viceministro de Política Criminal, Carlos Gónima Díaz-Granados.

Sin embargo, la eliminación de esta prohibición no significa que los aviones puedan comenzar inmediatamente las fumigaciones.

El propio documento establece expresamente que la derogatoria no autoriza ninguna operación de aspersión desde aeronaves tripuladas. Antes de reactivar el programa, el Estado deberá cumplir diferentes requisitos ambientales, sanitarios y de participación ciudadana fijados por la Corte Constitucional.

¿Qué cambió?

El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la Resolución 006 del 29 de mayo de 2015, mediante la cual se ordenó suspender en todo el territorio nacional el uso de glifosato en las operaciones aéreas de erradicación.

Con la nueva determinación, el Gobierno elimina esa barrera administrativa, pero no sustituye ni desconoce las condiciones impuestas posteriormente por la Corte Constitucional y las autoridades ambientales.

La resolución es, por tanto, una autorización para comenzar a estructurar un posible programa, no una orden para comenzar a fumigar.

Las cinco condiciones que debe cumplir el Gobierno

Para que Colombia pueda reanudar la aspersión aérea deberá completar, entre otros, los siguientes requisitos:

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, deberá aprobar un plan de manejo ambiental para el componente aéreo.
Se tendrán que realizar consultas previas con las comunidades étnicas que puedan resultar directamente afectadas.
El Instituto Nacional de Salud deberá emitir un concepto técnico favorable sobre los riesgos sanitarios.
La Anla tendrá que levantar la medida preventiva que suspendió el programa en 2015.
Cada intervención deberá contar con un plan específico de manejo ambiental, ajustado a las condiciones del territorio que se pretenda asperjar.

Actualmente no existe un plan ambiental general vigente para el componente aéreo ni se han completado todos los procesos de consulta ordenados por la Corte. Por esa razón, las operaciones todavía no pueden comenzar legalmente.

Se podría fumigar sin consulta en algunos territorios

La resolución contempla que la Policía Nacional solicite al Ministerio del Interior una certificación para determinar, polígono por polígono, cuáles áreas presentan afectación directa a comunidades étnicas.

Si la Dirección de Consulta Previa certifica que en un determinado territorio no existe esa afectación, el Gobierno podría avanzar sin realizar el procedimiento de consulta en ese polígono particular.

Este punto podría convertirse en uno de los principales focos de controversia jurídica, especialmente en regiones donde conviven comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas con zonas de cultivos ilícitos.

Gobierno busca un giro frente a la política de Petro

El presidente De La Espriella defendió durante su campaña la necesidad de recuperar la aspersión aérea como instrumento contra el narcotráfico.

Su administración considera que la erradicación manual y los programas de sustitución voluntaria resultaron insuficientes para detener el crecimiento de los cultivos de coca y la expansión territorial de los grupos armados.

El cambio representa un giro frente al enfoque priorizado por el Gobierno de Gustavo Petro, aunque durante los últimos meses de esa administración también se planteó utilizar glifosato mediante drones operados a baja altura.

La diferencia central es que el nuevo Gobierno pretende recuperar la posibilidad de realizar operaciones desde aeronaves como parte de una estrategia más amplia de erradicación forzosa.

El despegue todavía no es inmediato

La decisión elimina la resolución que durante once años mantuvo suspendida la aspersión y abre nuevamente el camino jurídico para su eventual reactivación.

Pero presentar la medida como el regreso inmediato de las fumigaciones sería impreciso.

El Gobierno todavía deberá superar controles ambientales, conceptos sanitarios, consultas con las comunidades y posibles demandas judiciales. La prohibición fue eliminada, pero los aviones aún no tienen autorización para despegar.