El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, cerca de $59 billones por encima de la propuesta que había presentado la administración anterior y que fue devuelta por las comisiones económicas. Ahora comienza una carrera contra el calendario para definir cuánto podrá gastar realmente el Estado el próximo año.
La distribución muestra el tamaño de las obligaciones: $392,5 billones irían a funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y $86,9 billones a inversión. En términos porcentuales, aproximadamente 62 % corresponde a funcionamiento, 24 % a deuda y solo 14 % a inversión.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, bautizó la propuesta como el “Presupuesto de la Verdad” y sostiene que el aumento obedece, entre otras razones, a obligaciones que el nuevo Gobierno considera que estaban subestimadas y al peso creciente del servicio de la deuda.
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, defendió la orientación de la propuesta tras recibirla: “El Gobierno radicó el Presupuesto General de la Nación 2027, con un principio claro: responsabilidad fiscal y obligaciones reales”. Barguil agregó que deberá proteger gasto social, pensiones y salarios, fortalecer seguridad y priorizar inversión que produzca crecimiento.
Pero aquí aparece la gran paradoja política: mientras el presupuesto para 2027 crece, Hacienda también prepara un recorte de $21,9 billones. Esa reducción corresponde al presupuesto de 2026 actualmente en ejecución, no al proyecto de $634,9 billones de 2027. Entre los rubros que el Gobierno pretende revisar están contratos de prestación de servicios en entidades públicas.
El Ejecutivo también anunció que presentará una Ley Fiscal para reorganizar las cuentas públicas. Según Hacienda, la propuesta no será una reforma tributaria tradicional basada simplemente en crear nuevos impuestos, sino que buscará reorganizar gastos y encontrar fuentes adicionales de financiación.
La discusión de fondo será justamente cómo conciliar las promesas de austeridad del nuevo Gobierno con un presupuesto récord y un elevado servicio de deuda. El proyecto ya está en estudio de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara, que tienen como fecha límite el 15 de septiembre para definir el monto.
