El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a las operaciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales y aseguró que las acciones ofensivas continuarán en diferentes regiones del país.
“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, declaró el mandatario tras conocerse los resultados de las recientes intervenciones en Guaviare.
De la Espriella afirmó que quienes reclutan menores para incorporarlos a estructuras armadas o utilizarlos como escudos humanos deberán responder por esos crímenes. “No descansaré hasta reconstruir los valores de la patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”, agregó.
El pronunciamiento se produjo mientras la Fuerza Pública desarrollaba la Operación Azarías en la vereda Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores, contra el Frente Carolina Ramírez, perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
El balance actualizado de la operación reporta 20 integrantes de la estructura muertos durante las acciones militares, cinco capturados y dos menores de edad recuperados. Entre los muertos fue identificado alias ‘El Tigre’ o ‘Pintado’, principal cabecilla del frente y señalado como uno de los hombres de confianza de ‘Iván Mordisco’.
Las autoridades también incautaron 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y 13 chalecos. Según el Gobierno, la operación golpeó las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización, además de corredores utilizados para el narcotráfico.
“A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales”, advirtió el presidente. Hasta el momento, la estructura armada no ha respondido públicamente a sus declaraciones ni al balance presentado por las autoridades.
El respaldo presidencial ocurre en medio de cuestionamientos por la muerte de tres adolescentes en otra operación ejecutada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, defendió la legalidad del ataque y sostuvo que los menores cumplían funciones de combate, mientras Save the Children recordó que los niños reclutados deben ser reconocidos y protegidos como víctimas.
El Gobierno responsabilizó a los grupos armados por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y sostuvo que las operaciones cumplen los estándares del Derecho Internacional Humanitario. De la Espriella reiteró que la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva para recuperar el control territorial y reducir la capacidad armada de estas organizaciones.
