El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella anunció que apelará la medida provisional emitida por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, que ordena suspender temporalmente los bombardeos sobre objetivos militares cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales. La administración considera que el criterio judicial es tan amplio que podría hacer inviable el uso de operaciones aéreas como herramienta militar.

Medida judicial busca proteger a menores en zonas de conflicto

La decisión fue adoptada por la juez Viviana Arciniegas Gómez en una acción de tutela presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, quien solicitó proteger de forma reforzada a niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados ilegales. La orden está dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.

El juzgado exige que el Estado revise y fortalezca los protocolos de inteligencia, planeación y ejecución de operaciones aéreas para evitar que los menores resulten afectados. Mientras se resuelve la tutela, no podrán realizarse bombardeos sobre objetivos con información verificable sobre la presencia de niños, salvo que se adopten y verifiquen medidas de precaución y no existan alternativas menos lesivas para alcanzar el objetivo militar.

Argumentos y contexto detrás de la suspensión temporal

La juez fundamentó su decisión en la protección reforzada que la Constitución y el derecho internacional otorgan a los menores, especialmente en contextos de conflicto armado. Recordó que los niños reclutados son víctimas expuestas a riesgos adicionales como violencia directa y participación en hostilidades, lo que obliga al Estado a extremar precauciones para prevenir daños durante operaciones militares.

Para justificar la gravedad e inminencia de la amenaza, el despacho tuvo en cuenta reportes sobre muertes de menores en recientes operaciones militares en regiones como Catatumbo y Guaviare. Organizaciones como Save the Children han cuestionado los bombardeos, insistiendo en que un niño reclutado es una víctima y piden revisar las tácticas militares para reducir riesgos.

Respuesta del Gobierno y debate sobre operatividad militar

El Gobierno reaccionó anunciando la apelación de la decisión judicial. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, cuestionó particularmente la expresión “razonablemente verificable”, argumentando que puede generar incertidumbre para quienes deben tomar decisiones operacionales en terreno y paralizar la capacidad aérea. Según Lara, un estándar tan amplio podría otorgar “inmunidad territorial” a grupos narcoterroristas que utilizan menores para proteger sus campamentos.

El ministro calificó el fallo como “absurdo e inconstitucional” y advirtió sobre un posible incentivo perverso al convertir el reclutamiento criminal de menores en un mecanismo para evitar acciones militares. A pesar de las críticas, la orden del juzgado permanece vigente, obligando a las Fuerzas Militares a extremar las medidas de precaución y demostrar que han agotado alternativas menos lesivas antes de autorizar bombardeos.

Mientras se tramita la apelación, el debate se centra en el equilibrio entre la protección reforzada de la niñez y la eficacia de las operaciones militares contra grupos armados ilegales. La tutela reafirma los derechos fundamentales de los menores como víctimas, incluso cuando están en campamentos guerrilleros, mientras que el Gobierno advierte sobre las consecuencias operativas de un estándar probatorio demasiado amplio. Este caso es clave para definir los límites de las acciones militares en Colombia frente al riesgo de afectar a menores reclutados.