El Gobierno de Colombia garantizó este jueves que la expedición de pasaportes continuará con normalidad, pese a la suspensión provisional decretada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre dos convenios del nuevo modelo impulsado durante la administración de Gustavo Petro. Autoridades como el canciller Omar Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, pidieron tranquilidad a los ciudadanos y aseguraron que existe un inventario suficiente para atender la demanda en los próximos meses.
Inventario disponible y continuidad del servicio
El canciller Omar Bula explicó que actualmente Colombia dispone de un inventario cercano a las seiscientas mil libretas de pasaporte, de las cuales aproximadamente 410.000 están disponibles de inmediato y 190.000 llegarán próximamente, lo que permitiría garantizar la prestación del servicio durante más de cuatro meses. Esta cifra es el principal argumento para evitar aglomeraciones y congestiones en las oficinas y consulados.
Bula enfatizó: “Queremos mandar un mensaje, sobre todo de calma. No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila”. Por su parte, el ministro del Interior y gerente encargado de la Imprenta Nacional, Rodrigo Lara, indicó que los equipos técnicos y jurídicos ya analizan el alcance del fallo para definir las acciones necesarias sin afectar la continuidad del servicio.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó explícitamente que se adopten las medidas necesarias para que la expedición de pasaportes no se vea interrumpida durante la suspensión provisional de los convenios, lo que garantiza a los usuarios la atención continua.
Suspensión judicial y cuestionamientos al modelo
La suspensión provisional afecta específicamente al Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y al CI-005 de 2026, piezas fundamentales en el esquema implementado para la producción y gestión del nuevo modelo de pasaportes. El Tribunal encontró una serie de irregularidades, entre ellas una sucesión de cronogramas incumplidos, informes contradictorios entre entidades involucradas, falta de soportes verificables sobre infraestructura y personal, así como dudas sobre el cumplimiento de requisitos presupuestales.
El despacho judicial advirtió que esta incertidumbre podría comprometer el suministro de libretas y eventualmente afectar la continuidad del servicio, por lo que ordenó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Casa de la Moneda de Portugal entregar un informe detallado en un plazo máximo de veinte días hábiles. Este informe debe incluir información sobre las actividades realizadas, ubicación y condiciones de seguridad de los pasaportes almacenados, así como la identidad de todos los actores en la cadena de producción.
En paralelo, diferentes voces políticas han señalado que esta suspensión pone en evidencia problemas de planeación improvisada y falta de certeza sobre la capacidad real para operar el modelo, aunque reiteran que el servicio no está suspendido y debe garantizarse su continuidad.
Alertas de la Procuraduría y aspectos financieros
Las dudas expresadas por el Tribunal se suman a las advertencias previas realizadas por la Procuraduría General de la Nación, que cuestiona la forma en que se estructuró el convenio por su alto valor económico. El Ministerio Público señaló serios problemas en la planeación, incluyendo ausencia de estudios de mercado sólidos, análisis financieros robustos y evaluaciones para determinar si el precio pactado por las libretas es razonable.
Además, según la Procuraduría, la estructura jurídica utilizada para vincular a la Imprenta Nacional con la Casa da Moeda de Portugal permitió acudir a una contratación directa bajo la figura de cooperación internacional, pese a que esta última es una sociedad anónima privada y no un organismo internacional o entidad extranjera pública. Esto genera dudas sobre la aplicación correcta de la excepción en contratación pública.
El ente de control también resaltó que la participación financiera portuguesa representa menos del 50% del valor total del convenio, lo que cuestiona aún más su validez. En términos económicos, el acuerdo compromete a Colombia a comprar anualmente un mínimo de 1,5 millones de libretas a un precio unitario en euros durante diez años, con riesgos asociados a fluctuaciones cambiarias y un déficit presupuestal inicial significativo.
A pesar del panorama judicial y fiscal complejo, las autoridades insisten en que el país cuenta con mecanismos y suficiente inventario para garantizar que los colombianos no se queden sin pasaporte en los próximos meses. Mientras tanto, los equipos jurídicos continúan evaluando posibles ajustes o sustituciones al modelo contractual vigente para asegurar la continuidad del servicio sin afectar las finanzas públicas ni la atención ciudadana.
