La Fiscalía General de la Nación imputó el 8 de septiembre de 2026 a Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El procesado, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, no aceptó los cargos durante la audiencia virtual realizada desde la cárcel La Picota en Bogotá, donde permanece recluido a la espera de su extradición a Estados Unidos.
Imputación y contexto del proceso judicial
La audiencia de imputación tuvo lugar ante un juez de control de garantías en Bogotá y forma parte de una estrategia institucional para judicializar a los responsables de la violencia que afecta el Catatumbo. La investigación está a cargo de un Grupo de Tareas Especiales conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander de la Fiscalía. Según el ente acusador, alias Mocho Olmedo habría sido uno de los principales articuladores de la confrontación armada entre el Frente 33 y el ELN, que se inició en enero de 2025 en distintos sectores del Catatumbo.
Hechos atribuidos: homicidio, desplazamiento forzado y reclutamiento
La Fiscalía señala a Henao Gutiérrez como presunto responsable del homicidio de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en el municipio de Tibú. El asesinato ocurrió el 17 de enero de 2025 cuando hombres armados ingresaron a la vivienda del líder, lo sacaron contra su voluntad y lo trasladaron hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón, donde le causaron la muerte. Este hecho fue calificado como homicidio en persona protegida debido al perfil de la víctima y el contexto del conflicto armado.
Además, se le atribuyen 31 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025, durante los cuales integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes rurales de Tibú y El Tarra para obligarlos a abandonar sus hogares. En total, 84 personas resultaron afectadas por estas intimidaciones, lo que generó una grave crisis humanitaria en la región.
Otro cargo importante es el reclutamiento ilícito de menores. La Fiscalía sostiene que alias Mocho Olmedo habría participado en la incorporación forzada de 31 menores de edad a las estructuras armadas ilegales que delinquen en el Catatumbo, un hecho que ha generado temor entre las familias campesinas por la presión ejercida sobre los jóvenes para integrarse a estos grupos.
Situación actual y extradición a Estados Unidos
Durante la audiencia virtual, Henao Gutiérrez no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Actualmente permanece recluido en un pabellón de la cárcel La Picota en Bogotá mientras se adelantan los trámites para su extradición a Estados Unidos. Fuentes oficiales han indicado que este proceso está relacionado con investigaciones por delitos vinculados al narcotráfico en ese país.
Este caso hace parte de un conjunto de acciones recientes orientadas a avanzar en la entrega de cabecillas criminales requeridos por la justicia estadounidense. La judicialización de alias Mocho Olmedo representa un paso importante en la respuesta institucional frente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Catatumbo, donde confluyen disidencias de las Farc, ELN y otros grupos armados ilegales que mantienen una alta presencia en zonas fronterizas con economías ilícitas.
La investigación contra alias Mocho Olmedo se sustenta en informes de inteligencia, testimonios y análisis detallados sobre patrones de violencia en municipios como Tibú y El Tarra. Los hechos denunciados reflejan la compleja disputa territorial y las consecuencias para las comunidades rurales afectadas por homicidios selectivos, desplazamientos masivos y reclutamiento forzado de menores. La Fiscalía continúa con el proceso judicial mientras se articula con mecanismos internacionales para garantizar la extradición y avanzar en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el nororiente colombiano.
