Más de $22.000 millones en bienes quedaron bajo medidas de extinción de dominio como resultado de una investigación contra la organización narcotraficante conocida como ‘Los del Dorado’. La operación fue adelantada de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía y el FBI de Estados Unidos.

En total fueron afectados 44 bienes, entre ellos apartamentos, vehículos, establecimientos de comercio y una sociedad. Los activos están ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander y, según la investigación, estarían relacionados con integrantes y cabecillas de esta estructura criminal.

El proceso investigativo se extendió durante 13 meses y tuvo como uno de sus principales objetivos seguir el movimiento de los recursos para establecer su posible relación con actividades de narcotráfico. Las autoridades encontraron que algunos de los bienes habrían sido comprados con dinero de origen ilícito y puestos a nombre de familiares o personas cercanas a los integrantes de la organización para intentar ocultar su procedencia.

En Medellín, entre los activos afectados hay cuatro apartamentos que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Fiscalía impuso sobre los 44 bienes medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, con el propósito de impedir que continúen siendo utilizados o transferidos por quienes aparecen vinculados al proceso.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el trabajo conjunto de las autoridades y señaló que el sistema de cámaras de la ciudad también fue utilizado durante la investigación para hacer seguimiento a los movimientos de los integrantes de la estructura.

Según lo establecido por los investigadores, ‘Los del Dorado’ presuntamente adquirían base de coca en Nariño y la transportaban en camiones hasta Puerto Triunfo, donde contaban con laboratorios para procesarla. Posteriormente, la droga era trasladada hacia la costa Caribe para su envío a Centroamérica y Estados Unidos.

Dentro de la investigación aparecen alias ‘Olfer’, señalado como el principal cabecilla, además de ‘El Calvo’, ‘Orlay’ y ‘Mono Chucho’. Las autoridades también establecieron una presunta alianza de esta organización con el Clan del Golfo para desarrollar actividades relacionadas con la producción, transporte y distribución de cocaína.

El proceso contra esta estructura ya había dejado siete capturas en agosto de 2025. Los detenidos fueron posteriormente judicializados por concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, también participa en el proceso para asumir la administración de los bienes afectados.