Más de 900 contratos de prestación de servicios, una decena de nombramientos provisionales y cerca de un billón de pesos asociados a fiducias y convenios quedaron bajo revisión en Prosperidad Social. La entidad busca establecer si las actuaciones de la administración anterior tuvieron justificación y cumplieron los requisitos legales.
La directora Sandra Suárez Pérez informó que un equipo interdisciplinario examina contratos de altos montos cuya ejecución se concentró durante la campaña presidencial de 2026. La coincidencia temporal es una alerta para la auditoría, pero no demuestra por sí misma que los recursos fueran utilizados con propósitos electorales.
También se revisan más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad, según la nueva dirección, todavía no ha sido verificada. Esto tampoco significa que todos fueran innecesarios: será necesario comprobar el objeto contratado, los productos entregados, la supervisión realizada y la necesidad que justificó cada vinculación.
Otro frente incluye más de una decena de nombramientos provisionales cuestionados por organizaciones sindicales. La auditoría deberá establecer si las personas designadas cumplían los requisitos y si las decisiones respetaron las reglas de carrera administrativa. Hasta ahora no se han divulgado los nombres ni los cargos examinados.
La entidad reportó además donaciones realizadas durante el primer semestre de 2026 sobre las cuales no existiría suficiente claridad acerca de sus destinatarios finales. La revisión tendrá que reconstruir la trazabilidad de esos bienes, identificar a los beneficiarios y establecer si las entregas quedaron debidamente registradas.
La cifra más alta corresponde a cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros mecanismos de ejecución. Prosperidad Social no afirmó que esos recursos hayan desaparecido: señaló que encontró información insuficiente y procesos cuyo estado de legalización o cierre todavía debe determinarse.
“Esta etapa es de verificación y no constituye una determinación de responsabilidad”, aclaró la propia entidad. Las alertas provienen de funcionarios, sindicatos y documentos e informes de organismos de control, pero todavía deben ser contrastadas con los expedientes completos y las explicaciones de quienes intervinieron en cada proceso.
Al momento de esta publicación, no se conocía una respuesta pública detallada de Mauricio Rodríguez, director de Prosperidad Social durante la etapa final del Gobierno anterior, ni de los demás exdirectivos que pudieron intervenir en los asuntos examinados. Cualquier señalamiento individual deberá precisar el periodo, la competencia y la participación de cada funcionario.
Prosperidad Social tampoco informó que ya hubiera remitido expedientes específicos a la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. Su anuncio fue que enviará a las autoridades los hechos que logre documentar y que puedan tener consecuencias penales, disciplinarias, fiscales o administrativas. Por ahora existen auditorías y alertas; hablar de corrupción comprobada sería anticiparse a sus resultados.
