Juliana Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía por el escándalo de sus títulos universitarios y aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal. La negociación contempla una pena de tres años de prisión, pero todavía debe ser revisada y aprobada por el juez encargado del proceso.

El acuerdo representa un giro frente a la posición que Guerrero sostuvo durante la imputación, cuando se declaró inocente. Ahora reconoce que presentó ante el Estado documentos académicos que no correspondían con su formación para intentar acreditar los requisitos exigidos para ocupar el Viceministerio de Juventud.

Según la investigación, los documentos la acreditaban como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San José. La Fiscalía sostiene que Guerrero tenía conocimiento de las irregularidades porque no habría cursado los programas, asistido a clases ni presentado la prueba Saber Pro exigida para graduarse.

Los títulos fueron cargados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep II. Para la Fiscalía, esa actuación buscaba inducir en error a los funcionarios encargados de revisar la hoja de vida y permitir que Guerrero fuera posesionada como viceministra. [El País](https://elpais.com/america-colombia/2026-03-26/la-fiscalia-imputa-a-juliana-guerrero-por-fraude-procesal-nunca-fue-a-clase-ni-presento-examenes.html) documentó que la propia procesada habría incorporado los diplomas a la plataforma estatal.

Aunque el preacuerdo establece una pena de tres años de cárcel, Guerrero todavía no ha sido condenada. El juez deberá verificar que su aceptación fue libre, consciente e informada, evaluar la legalidad de los beneficios negociados y decidir si avala o rechaza lo pactado con la Fiscalía.

Tampoco está definido públicamente si los tres años se cumplirían en un establecimiento carcelario, mediante prisión domiciliaria o con algún beneficio que suspenda la ejecución de la pena. Esa determinación dependerá de los términos completos del preacuerdo y de la decisión judicial. Por esa razón, lo preciso es señalar que la pena acordada es de tres años de prisión, no que Guerrero ya tenga asegurado su ingreso a una cárcel.

El caso produjo esta semana su primera condena. Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, fue sentenciado a 36 meses de prisión después de aceptar que intervino en la expedición de los diplomas y las actas de grado. En su caso, el juez suspendió condicionalmente la ejecución de la pena, por lo que no fue enviado inmediatamente a prisión. [El Colombiano](https://www.elcolombiano.com/colombia/juliana-guerrero-titulos-falsos-luis-carlos-gutierrez-condenado-tres-anos-GE40773126) informó que también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas.

La universidad anuló los títulos de Guerrero después de revisar sus registros académicos. Gutiérrez, por su parte, ofreció disculpas a la comunidad educativa y admitió que autorizó la expedición de los documentos que dieron origen al proceso.

La última palabra la tendrá el juez. Si aprueba el preacuerdo, Guerrero recibirá una condena de tres años y se establecerá cómo deberá cumplirla. Si lo rechaza, el proceso continuará por la vía ordinaria. Hasta ese momento existe una aceptación de responsabilidad negociada con la Fiscalía, pero no una sentencia en firme.