El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, firmó 11 decretos legislativos para financiar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Las normas incluyen la creación de un fondo especial, recursos para alcaldías y gobernaciones, protección del servicio de energía y medidas para evitar que los estudiantes abandonen las aulas.

El presidente Abelardo De La Espriella presentó las decisiones después de un Consejo de Ministros y aseguró que comienza una nueva etapa: pasar de la atención inmediata de la emergencia a la recuperación de viviendas, colegios, vías y servicios públicos.

La primera medida crea el Fondo Patria Milagro, encargado de canalizar y administrar los recursos destinados a la reconstrucción. El mandatario lo calificó como uno de los instrumentos más importantes del proceso, aunque durante su declaración no precisó cuánto dinero tendrá inicialmente, cuáles serán todas sus fuentes de financiación ni el cronograma de ejecución.

Otro de los decretos reúne 17 medidas financieras, administrativas e institucionales para entregar liquidez temporal a departamentos y municipios. El Gobierno también habilitó, de manera excepcional y por una sola vez, el acceso a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, bajo las condiciones establecidas en la emergencia y manteniendo —según el Ejecutivo— la responsabilidad fiscal.

Para recuperar la infraestructura eléctrica, se autorizó temporalmente el uso de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura, Fondes. Además, la modalidad de Obras por Impuestos permitirá que empresas privadas ejecuten proyectos en las zonas afectadas y descuenten esas inversiones de sus obligaciones tributarias.

Las entidades territoriales también podrán financiar o cofinanciar obras ubicadas fuera de sus límites cuando estas beneficien a sus habitantes. Con esta flexibilización, una alcaldía o gobernación podría aportar recursos para recuperar una vía, un puente o una infraestructura compartida con otro territorio.

Otro decreto establece un régimen temporal para utilizar información estadística reservada del Dane con el propósito de identificar a las familias damnificadas y focalizar las ayudas. El Gobierno aseguró que el acceso deberá respetar las garantías previstas para el tratamiento de datos, pero el alcance concreto de esa autorización deberá conocerse en el texto completo de la norma.

En educación, se permitirá que los colegios averiados funcionen provisionalmente en instalaciones diferentes a sus sedes oficiales. También se flexibilizarán los calendarios académicos y se entregarán recursos para evitar que los daños ocasionados por el terremoto interrumpan el año escolar.

“Ahora viene lo más importante: ejecutar”, afirmó De La Espriella. El presidente sostuvo que cada peso habilitado deberá convertirse en soluciones para las familias y que la reconstrucción no puede quedarse “en anuncios ni en trámites”. Desde presidencia, se presentó el paquete como una respuesta para los 16 departamentos afectados.

Los decretos pueden comenzar a producir efectos después de su publicación, pero no tienen la última palabra asegurada. Por haber sido expedidos bajo la emergencia económica, serán revisados automáticamente por la Corte Constitucional, que determinará si cada medida tiene relación directa con el terremoto, es necesaria y respeta la Constitución. Mientras llega ese examen, quedan tres datos por vigilar: cuánto costará el paquete completo, quién administrará cada recurso y cuándo empezarán a verse las primeras obras.