La Superintendencia de Industria y Comercio encontró un presunto esquema para cerrar la competencia y favorecer a empresas previamente seleccionadas en contratos de 2021, durante la Alcaldía de Daniel Quintero.

Un nuevo capítulo se abre sobre la contratación pública durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) destapó lo que calificó como un “esquema de corrupción contractual” relacionado con procesos adelantados en 2021 en el Parque de las Aguas y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según la decisión de la Delegatura de Competencia, más de $15.748 millones habrían sido canalizados mediante los contratos interadministrativos 288 y 961 de 2021 hacia Metroparques, entidad que, de acuerdo con los hallazgos, no tendría la experiencia ni la capacidad técnica requerida para desarrollar las actividades contratadas.

El mecanismo investigado habría permitido posteriormente realizar ocho invitaciones privadas que, según la SIC, terminaron direccionadas hacia tres empresas: Comercializadora JPINO S.A.S., 1Soluciones S.A.S. y Constru Americana S.A.S.

La Superintendencia encontró que algunos proveedores habrían sido utilizados como una especie de “pantalla” para aparentar que existía competencia entre diferentes oferentes, mientras las condiciones del proceso terminaban favoreciendo a empresas previamente seleccionadas.

También fueron cuestionados los criterios utilizados para evaluar las propuestas. La SIC identificó modificaciones en las reglas de evaluación, exclusión de ofertas que podían resultar más favorables y aceptación de certificaciones que no guardaban relación con los objetos de los contratos.

Para la entidad, los hechos no corresponderían a simples fallas administrativas. Su conclusión apunta a que habría existido un mecanismo deliberado para eliminar la competencia, fabricar una apariencia de pluralidad y entregar contratos a proveedores previamente favorecidos.

Los procesos investigados corresponden a 2021, cuando Daniel Quintero era alcalde de Medellín. No obstante, la decisión de la SIC, con la información conocida, no atribuye de manera directa responsabilidad personal al exalcalde por estos hechos. La eventual responsabilidad de funcionarios o particulares deberá ser establecida por las autoridades competentes.

El caso ahora podría escalar a otras instancias. La SIC anunció que remitirá la información a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que determinen si existen responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

La decisión fue notificada al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Metroparques, las empresas involucradas y varios funcionarios y particulares relacionados con los procesos. Los afectados todavía cuentan con los recursos establecidos por la ley.

El pronunciamiento pone nuevamente bajo la lupa la contratación realizada durante la administración de Daniel Quintero y deja una cifra que concentra buena parte de la atención: $15.748 millones vinculados a los contratos investigados por la SIC.