Un juez de Bogotá ordenó ocultar temporalmente de las redes sociales de la Presidencia los videos en los que Abelardo De La Espriella aparece caminando junto a los cuerpos de personas abatidas durante operaciones de la Fuerza Pública.
La medida es provisional. El despacho dispuso el “ocultamiento de las publicaciones” mientras adopta una decisión definitiva, pero no ordenó eliminarlas permanentemente ni concluyó que el presidente hubiera vulnerado algún derecho. Esa discusión deberá resolverse en el fallo.
La actuación judicial comenzó después de que un congresista del Partido Verde presentara una acción para cuestionar el uso de las imágenes en los canales institucionales. Los primeros reportes sobre el expediente no revelaron públicamente el nombre del accionante ni identificaron el juzgado encargado del proceso.
En las grabaciones, publicadas para presentar los resultados de diferentes operaciones militares y policiales, el mandatario aparece frente a armas incautadas y cerca de cuerpos cubiertos con bolsas blancas. El Gobierno los ha identificado como integrantes de organizaciones armadas ilegales, aunque la individualización y las circunstancias de cada muerte corresponden a las autoridades judiciales y forenses.
El debate no gira solamente alrededor de la ofensiva contra esos grupos. También plantea hasta dónde llega la libertad de expresión del presidente cuando utiliza cuentas oficiales y qué deberes tiene el Estado frente a la dignidad de las personas muertas, independientemente de los delitos que se les atribuyan.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, había pedido que los cuerpos no fueran convertidos en “escenografía de una declaración pública”. Al mismo tiempo, aclaró que enfrentar militarmente a los grupos armados y proteger a la población es un deber constitucional.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazó ese cuestionamiento y lo calificó como una “triste equivocación”. Para el funcionario, la declaración podía dar a entender que el Estado competía en crueldad con las organizaciones narcoterroristas. La respuesta refleja la defensa del Gobierno: las piezas serían una forma de rendir cuentas sobre operaciones legítimas, no de humillar a los fallecidos.
Sin embargo, el juez deberá determinar si la comunicación institucional puede mostrar esos resultados de esa manera o si las imágenes afectan derechos fundamentales. La orden temporal no limita las operaciones de la Fuerza Pública ni impide que la Presidencia informe sobre capturas, incautaciones o personas muertas en combate; únicamente afecta, por ahora, la exhibición de las publicaciones cuestionadas.
Al cierre de esta verificación, la Presidencia no había informado públicamente si solicitará revocar la medida o si impugnará una eventual decisión adversa. El siguiente paso será el fallo de fondo: allí se definirá si los videos pueden regresar a las cuentas oficiales o deberán permanecer ocultos.
