Un contrato de más de $16.000 millones para intervenir la malla vial de Medellín, firmado durante la administración de Daniel Quintero, terminó con la acusación formal de cinco personas por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Entre los procesados está Juan Carlos Torres Ojeda, quien fue secretario de Movilidad durante ese gobierno. También fueron acusados el exsubsecretario técnico Mauricio Alonso Zuleta Estrada, la exsubsecretaria Jurídica Estefanya Cuervo Sánchez, el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura Rubén Darío López Giraldo y el contratista Santiago Ortega Mateos.
La investigación se concentra en un contrato celebrado entre el 28 y el 29 de junio de 2023, cuyo propósito era ejecutar diferentes obras para la recuperación de vías destinadas al transporte público en varios sectores de Medellín.
El negocio contemplaba intervenciones en la comuna 10 y en sectores de Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal, con actividades que incluían excavaciones, movimientos de tierra, demolición de estructuras y obras de infraestructura vial.
la secretaría que no debía contratar las obras
Uno de los principales cuestionamientos de la Fiscalía apunta a la entidad que adelantó el proceso.
Según el ente investigador, la Secretaría de Movilidad no tenía competencia para contratar este tipo de intervenciones, pues las funciones relacionadas con el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura física de uso público correspondían a la Secretaría de Infraestructura Física.
A esto se suman, de acuerdo con la acusación, posibles fallas en la etapa de planeación del contrato.
La Fiscalía cuestiona que los estudios previos no habrían cumplido con todos los requisitos y que tampoco existiría una justificación suficiente para establecer el presupuesto oficial del negocio.
La acusación formal representa un nuevo avance en una investigación que ya había tenido actuaciones judiciales desde 2025.
Ahora, el caso deberá avanzar hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía tendrá que sustentar sus señalamientos y presentar las pruebas que respaldan su teoría del caso.
La acusación no constituye una condena. Será la justicia la que determine si los procesados incurrieron o no en los delitos atribuidos.
