La Gobernación de Antioquia retiró de la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza 33, con el que pretendía avanzar en el proceso para financiar mediante valorización varios corredores viales estratégicos en diferentes subregiones del departamento.

La decisión modifica, por ahora, el trámite de una iniciativa que había generado expectativa y también debate alrededor del eventual cobro a los propietarios de predios ubicados en las zonas de influencia de las obras.

El proyecto había sido presentado ante la Asamblea como una alternativa para conseguir recursos destinados a corredores que buscan mejorar la conexión entre el Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Urabá, y facilitar el acceso a las autopistas de cuarta generación sin que todo el tráfico tenga que pasar por Medellín y el Valle de Aburrá.

¿Qué obras estaban sobre la mesa?

La propuesta incluía dos grandes proyectos bajo el esquema de alianzas público-privadas de iniciativa pública: El Santuario–Providencia y La Ceja–La Pintada.

A estos se sumaban corredores regionales como El Carmen de Viboral–Canadá–La Unión, San Jerónimo–San Pedro de los Milagros, un circuito vial en Urabá y la conexión Jericó–Andes.

La Gobernación había explicado que las dos APP tendrían un costo conjunto cercano a los 4 billones de pesos, mientras que para los otros corredores se estimaba una inversión cercana a los 800.000 millones de pesos.

En el caso de las APP, la administración departamental había planteado que cerca de 2 billones de pesos podrían provenir de la valorización como una de las alternativas para cerrar financieramente los proyectos.

¿Qué es lo que se iba a cobrar?

La valorización no implicaba que todos los habitantes de Antioquia fueran a pagar el mismo valor.

La propuesta contemplaba que el cobro se distribuyera entre los predios que recibieran un mayor valor como consecuencia de las obras, de acuerdo con estudios de factibilidad, avalúos y análisis socioeconómicos.

La Gobernación también había planteado excepciones para determinados grupos, entre ellos los estratos 1 y 2, víctimas del conflicto armado, pequeños productores agropecuarios que cumplieran las condiciones establecidas, predios con restricciones ambientales, adultos mayores y mujeres cabeza de familia, entre otros.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, antes de comenzar un eventual cobro debían adelantarse estudios socioeconómicos, avalúos y censos de propietarios y predios.

¿Qué pasa ahora con el proyecto?

Con el retiro del Proyecto de Ordenanza 33, la Asamblea Departamental no continuará, por ahora, con el trámite de esa iniciativa en los términos en que fue radicada.

La decisión no significa por sí misma que los proyectos viales queden cancelados. El retiro corresponde al trámite de la ordenanza que buscaba habilitar el avance del mecanismo de valorización.

Tampoco implica que los propietarios de los predios incluidos en las zonas de influencia tengan actualmente un nuevo cobro de valorización derivado de este proyecto.

La Gobernación deberá definir ahora cuáles serán los siguientes pasos frente a la financiación de estas obras y si la iniciativa será presentada nuevamente, modificada o reemplazada por otro mecanismo.

El retiro ocurre además en un momento en el que dos de los corredores estratégicos del Oriente, La Ceja–La Pintada y El Santuario–Providencia, enfrentan trámites ambientales pendientes ante Cornare. El gobernador Andrés Julián Rendón pidió esta semana agilizar esos procedimientos para poder avanzar en la estructuración de las obras.

Un proyecto que ya había generado debate

La propuesta de valorización había abierto una discusión sobre cómo financiar grandes obras de infraestructura en Antioquia y quiénes deberían asumir parte de sus costos.

La Gobernación defendía el mecanismo como una alternativa para financiar proyectos cuyo costo no podría cubrirse únicamente con peajes, mientras que la discusión en la Asamblea debía determinar las condiciones bajo las cuales eventualmente se distribuiría la contribución.

Por ahora, con el retiro del Proyecto 33, el cobro de valorización para estas nuevas obras queda sin avanzar en el trámite que había sido presentado ante la Asamblea y queda pendiente conocer cuál será la nueva ruta que tomará la administración departamental.