El presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa una propuesta dirigida a quienes están siendo investigados o procesados por hechos de corrupción relacionados con el anterior Gobierno: que puedan acceder a beneficios judiciales si colaboran con la justicia y aportan pruebas contra otros involucrados.

Durante una alocución realizada este domingo 27 de septiembre, el mandatario pidió a la justicia evaluar la posibilidad de establecer negociaciones con los investigados, siempre que exista colaboración efectiva y entrega de elementos que permitan avanzar en las investigaciones.

“Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, afirmó De la Espriella.

¿Qué propone el presidente?

De acuerdo con su planteamiento, quienes estén involucrados en investigaciones podrían recibir un tratamiento penal favorable si deciden colaborar, aportar pruebas y permitir que las autoridades identifiquen a otros participantes en los hechos investigados.

El presidente también hizo un llamado a quienes ya están privados de la libertad, a los investigados y a quienes eventualmente sean procesados para que entreguen información a la justicia. En ese contexto, habló de un “castigo atenuado” para quienes colaboren.

La aplicación concreta de cualquier beneficio, sin embargo, dependería de las autoridades judiciales y del marco legal aplicable a cada proceso.

El pronunciamiento llegó después del caso Iván Name

La declaración se produjo pocos días después de que el Consejo de Estado decretara, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador y expresidente del Congreso Iván Name, por la causal de tráfico de influencias relacionada con el caso de la UNGRD. La decisión todavía puede ser apelada.

El caso de Name fue mencionado por De la Espriella durante su intervención, en la que cuestionó los hechos de corrupción investigados durante el anterior Gobierno.

Una propuesta que busca ampliar la colaboración

Por ahora, se trata de una solicitud del presidente a la justicia para que evalúe esta posibilidad; serán las autoridades competentes las que determinen si los mecanismos planteados son jurídicamente procedentes y bajo qué condiciones.